Detienen a farderas, pero quedan libres: fallas y vacíos en el proceso penal del Edomex

  

Por el equipo editorial | Agencia MANL 

Estado de México.- La detención de personas por robo en tiendas, conocidas popularmente como “farderas”, se ha convertido en un hecho recurrente en centros comerciales del Estado de México; sin embargo, en la mayoría de los casos, los asegurados recuperan su libertad horas después al no existir un proceso penal en su contra.

Según expertos en derecho penal y fuentes ministeriales, la razón principal es que estos casos suelen clasificarse como robos simples, sin violencia y de escaso valor, lo que limita la posibilidad de judicializar el expediente de investigación. Además, muchos establecimientos no ratifican la denuncia o no aportan pruebas suficientes para sustentar la acusación ante un juez.

Aunque la detención se produce en flagrancia, el Ministerio Público enfrenta dificultades para probar el delito debido a deficiencias en los informes policiales, falta de videos claros o inconsistencias en la cadena de custodia de los bienes. Estas fallas provocan que, durante la audiencia inicial, los jueces determinen que no está vinculado al proceso o declaren la detención ilegal.

El sistema penal acusatorio prioriza la persecución de delitos de alto impacto, por lo que el robo no violento suele resolverse con criterios de oportunidad, reparación del daño o libertad inmediata, lo que genera insatisfacción en los comerciantes y percepción de impunidad en la ciudadanía.

Las autoridades judiciales han reconocido que la falta de capacitación, la sobrecarga de trabajo en las fiscalías y la poca coordinación entre policías, empresas y ministerios públicos influyen en que estos casos no prosperen legalmente.

Mientras tanto, el fenómeno sigue repitiéndose en municipios con alta actividad comercial, donde las capturas se anuncian públicamente, pero los procesos penales rara vez llegan a veredicto, evidenciando los vacíos del sistema de justicia en los delitos patrimoniales menores, por lo que van en aumento y los casos se repiten constantemente.

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Coordinadores faltistas y desinterés generalizado exhiben al Congreso mexiquense en el arranque del periodo

 

Por Redacción | Agencia MANL


Toluca, Estado de México.— El inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo en el Congreso del Estado de México dejó una imagen poco alentadora: coordinadores parlamentarios ausentes, diputados faltistas y un desinterés evidente, incluso para conectarse de manera virtual en la sesión inaugural.


Entre las ausencias más señaladas estuvo la de Isaac Óscar González, coordinador del Partido Verde Ecologista de México, así como la de José Alberto Couttolenc, dirigente de ese instituto político. La falta de quienes tienen responsabilidades de conducción interna marcó un arranque deslucido y sin el peso político que se espera al comenzar un nuevo periodo legislativo.

A estas inasistencias se sumaron las de la diputada Araceli Casasola, el diputado de Morena Carlos Zurita y Graciela Argueta, también legisladora de Morena, quienes no participaron ni de forma presencial ni en línea. Durante la sesión se evidenció que varios legisladores optaron por no conectarse, aun cuando existían las condiciones técnicas para hacerlo, lo que dejó ver un claro desinterés por el trabajo legislativo.

El ausentismo también alcanzó a diputados vinculados al grupo político de Fernando Vilchis Contreras, entre ellos Isaán Martínez y Ernesto Santillán, lo que amplió el alcance de las críticas y confirmó que la falta de asistencia no se limitó a una sola corriente o bancada.

En conjunto, se registraron ausencias de diputados de Morena, PAN, PRI, Partido Verde y PT, configurando un escenario de desorden y falta de disciplina parlamentaria en el primer día de sesiones, cuando se supone debe enviarse un mensaje de compromiso y seriedad institucional.


El señalamiento fue más severo al tratarse de una sesión en la que se abordó el caso de Zaira Cedillo, tema que, pese a su relevancia, fue atendido sin la presencia de varios legisladores que decidieron no acudir ni siquiera de manera remota, lo que generó críticas al interior del recinto legislativo.

El episodio volvió a poner en entredicho la responsabilidad con la que algunos integrantes del Congreso mexiquense asumen su encargo, dejando ver que el ausentismo y la apatía siguen siendo una constante, incluso en momentos clave del calendario legislativo.

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Video en redes acusa presunta violación, abuso sexual y persecución judicial en Naucalpan

 

Por Jesús Carrasco | Agencia MANL

Naucalpan, Méx.- Un video ha comenzado a circular en redes sociales en el que una mujer identifica públicamente a un militante de Morena en el Estado de México, como presunto responsable de abuso sexual, violación y un presunto proceso legal en su contra, hechos que -asegura- ocurrieron en Naucalpan.



En su testimonio, la mujer relata que los hechos de violencia sexual habrían ocurrido en un contexto de vulnerabilidad económica, al ser madre soltera y sustentador de su familia. Señala que, tras decidir presentar la denuncia, fue sometida a exámenes médicos y psicológicos, los cuales, según su declaración, resultaron en la tipificación de los delitos como abuso sexual y violación.


La denunciante sostiene que, posteriormente, fue detenida en septiembre de 2022 de manera presuntamente ilegal y trasladada al penal de Barrientos, donde permaneció casi 11 meses en prisión preventiva, enfrentando cargos de alto impacto como extorsión y robo con violencia. Afirma que durante su confinamiento fue agredida físicamente y que temió por su vida, señalando que las agresiones habrían sido ordenadas desde el exterior.


Según su versión, tras obtener su libertad bajo medidas cautelares, permanece con un brazalete electrónico, arresto domiciliario y restricciones para trabajar o recibir atención médica, lo que, según afirma, ha afectado gravemente su vida personal y familiar.

En el video, la mujer responsabiliza públicamente a su presunto agresor por cualquier daño que ella o su familia puedan sufrir, y cuestiona que una persona a la que acusa de estos actos pueda aspirar a un cargo público.


Hasta el momento, ni la persona señalada ni las autoridades competentes han emitido un comunicado oficial sobre las declaraciones del video. El caso ha generado reacciones y llamados en redes sociales para que la Fiscalía esclarezca los hechos.


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Nicolás Romero enfrenta persistente presión delictiva pese a anuncios oficiales de seguridad

 

Por Jesús Carrasco | Agencia MANL

Estado de México.— A lo largo de 2025 y en el inicio de 2026, el municipio de Nicolás Romero continúa enfrentando un escenario complejo en materia de seguridad pública, con indicadores delictivos que se mantienen elevados y una percepción ciudadana marcada por la desconfianza y el temor cotidiano.

De acuerdo con datos del Semáforo Delictivo y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de alto impacto no han mostrado una reducción significativa. En el periodo más reciente reportado, el municipio acumuló 77 homicidios y 74 denuncias por extorsión, además de más de mil casos de lesiones dolosas y múltiples carpetas de investigación por delitos sexuales, cifras que colocan a Nicolás Romero entre los focos rojos del Estado de México.

La incidencia no se distribuye de manera homogénea. Zonas como la cabecera municipal, San Ildefonso, Vicente Guerrero, El Tráfico y La Libertad concentran un alto número de reportes por robos con violencia, asaltos a peatones y robo de vehículos y motocicletas. Habitantes de estas colonias señalan que los delitos ocurren incluso en horarios diurnos, lo que ha modificado rutinas, actividades comerciales y movilidad cotidiana.

En imagen de archivo: Yoselin Mendoza 

Vecinos y comerciantes han manifestado de manera recurrente problemas como patrullajes intermitentes, tiempos prolongados de respuesta ante emergencias y una capacidad limitada de la policía municipal para cubrir todo el territorio. Estas condiciones, señalan, han generado una sensación de vulnerabilidad permanente, particularmente en corredores comerciales y vialidades principales.

Aunque la administración encabezada por la alcaldesa Yoselin Mendoza ha informado sobre operativos y acciones de coordinación con instancias estatales y federales, los indicadores oficiales y la percepción social no reflejan, hasta ahora, un cambio sustancial en las condiciones de seguridad. Estudios locales y trabajos periodísticos continúan ubicando al municipio entre los de peor evaluación en esta materia.

El contexto actual mantiene a la seguridad pública como uno de los principales retos para el gobierno municipal, mientras la población de Nicolás Romero demanda resultados medibles y una estrategia efectiva para reducir la violencia.

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CUSAEM: salarios bajos y pérdida de grados

Foto especial 

* Mantienen a los elementos descontentos durante un año del nuevo titular

Por el equipo editorial | Agencia MANL 

Toluca, Estado de México.- A un año de la llegada del nuevo titular de la Corporación Auxiliar de Seguridad del Estado de México (CUSAEM), elementos y familiares de la corporación denuncian que persisten irregularidades en sus condiciones laborales, que van desde bajos salarios hasta la pérdida de títulos profesionales, pese a la implementación de un plan de “profesionalización” al interior de la institución.

Bajo condición de anonimato, un familiar declaró a la Agencia MANL: «Mi padre era oficial A y lo degradaron a guardia B. Los demás fueron degradados a guardia C. Además, no pueden tomar vacaciones y no reciben la bonificación vacacional que les corresponde por ley».

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La tabulación salarial proporcionada por los mismos elementos revela la magnitud de la inconformidad. Un Guardia C recibe un salario neto mensual de tan solo 8,475 pesos, mientras que un Oficial A armado recibe 10,870 pesos, una cifra considerada insuficiente incluso en comparación con las empresas privadas que exigen menos preparación académica y experiencia. Para los oficiales con título universitario, los salarios netos quincenales oscilan entre 12,370 y 12,870 pesos, cantidades que los trabajadores describen como "una miseria" en comparación con sus responsabilidades y formación.

Datos clave:

Guardia C: $8,475 netos mensuales

Oficial armado A: $10,870 netos 

Oficiales con título universitario: $12,370 – $12,870 quincenal

El plan de profesionalización presentado por la corporación detalla cursos avanzados, intermedios y básicos según el grado: los oficiales y comandantes deben cumplir con programas de supervisión, escolta, custodia y armados, además de estudios en seguridad pública o similares. Sin embargo, los elementos cuestionan que estos programas no se reflejen en mejores condiciones laborales ni en aumentos salariales justos.

Recientemente, el Secretario de Seguridad del Estado de México visitó las instalaciones del CUSAEM para inaugurar la remodelación del hospital interno de la corporación, la cual se anunció como un gran avance. Sin embargo, los trabajadores aseguran que estas acciones no tienen un impacto directo en los problemas subyacentes: bajos salarios, obstáculos para obtener vacaciones y retrasos en la regularización de títulos profesionales.

Foto especial

Quejas:

Degradación de grados (Ej: Oficial A → Guardia B)

Obstáculos para las vacaciones

Bono de vacaciones no recibido

Profesionalización que no se refleja en mejoras salariales

Ante esta situación, los quejosos han anunciado la posible organización de una protesta en el centro de Toluca, para exigir al gobierno local y estatal soluciones concretas, el cumplimiento de los derechos laborales y un avance real en la profesionalización de la corporación.

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Cateos en Ecatepec destapan presunta red criminal de Guillermo Fragoso Báez, ex regidor en gestión de Fernando Vilchis

 

Por Jesús Carrasco | Agencia MANL



Ecatepec, Méx., 17 de septiembre de 2025 — Cinco cateos simultáneos en inmuebles de Santa María Chiconautla, Ecatepec, revelaron la magnitud del presunto poder económico y criminal de Guillermo Fragoso Báez, conocido como “El Memo” o “El Jefe”, líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).



En los operativos, coordinados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fueron aseguradas armas de alto calibre, drogas, 15 caballos de raza pura sangre, así como un lobo y un coyote que permanecían en las propiedades.



El hallazgo derivó en la orden de aprehensión librada contra Fragoso Báez, acusado de delincuencia organizada, homicidio, secuestro, narcomenudeo, extorsión, huachicoleo, despojo de predios y tráfico de armas. La investigación, registrada bajo la carpeta FED/FEMDO/UEIDM-MEX/0000421/2024, lo vincula además con “La Familia Michoacana”, “Los Mayas”, el Sindicato 22 de Octubre, el Sindicato 25 de Marzo y la organización delictiva conocida como la Chokiza.



De acuerdo con las pesquisas de fiscalía, el dirigente sindical cobraba hasta 30 mil pesos mensuales a narcomenudistas de la región y mantenía un esquema de extorsiones contra tianguistas, mototaxistas y comerciantes. También se le señala por su presunta participación en el despojo de alrededor de 700 propiedades en el oriente mexiquense.



Fragoso Báez no es ajeno a la política local: fue regidor durante la primera administración de Fernando Vilchis Contreras (2019-2021), actual diputado federal y entonces alcalde de Ecatepec. Especialistas en la política local aseguran que "su papel en el cabildo le otorgó influencia" que, según versiones de vecinos y comerciantes, consolidó la expansión de sus operaciones ilegales en el municipio más poblado del Estado de México.



Actualmente, el líder de la USON permanece prófugo desde hace una semana, tras los cateos que dejaron al descubierto parte de sus bienes y la red delictiva con la que se le vincula. Autoridades federales y estatales mantienen un operativo de búsqueda para su captura.



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El desfalco que oscurece al TRIJAEM

 

El Tecladista  | Agencia MANL 

 A Contraluz

COLUMNA ESPECIAL 

Cuando se trata de justicia administrativa, lo primero que debería existir es orden y transparencia. Sin embargo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) se encuentra bajo la sombra de un escándalo: más de 32 millones de pesos se movieron en 29 transferencias electrónicas sin control, sin alarma y, lo más grave, sin responsables claros.

El caso exhibe fallas en tres frentes: un Tribunal que no supo resguardar sus propios recursos; un banco que no detectó operaciones millonarias en cuestión de horas; y una Fiscalía que parece reducir todo a un expediente de “abuso de confianza”, cuando los hechos apuntan a algo mayor: peculado, colusión o complicidad institucional.

Mientras tanto, el director de administración del Tribunal aparece como un actor periférico, cuando su token y su cargo lo colocan en el centro del huracán. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? ¿Por qué la indagatoria no lo toca con la misma fuerza que al exjefe de departamento ya vinculado a proceso?

Y como si no bastara, un grupo retuvo a empleados en el Tribunal el pasado 1 de septiembre, un hecho que abre más preguntas que respuestas. ¿Ciudadanos indignados o presiones internas para silenciar voces y encubrir culpas?

En este episodio, lo verdaderamente grave no es solo el dinero “perdido y restituido”, sino la evidencia de que las instituciones encargadas de impartir justicia y vigilar recursos públicos también son vulnerables al desorden y la opacidad.

A contraluz, el TRIJAEM refleja más sombras que certezas. Y la pregunta que persiste es sencilla pero incómoda: si no puede garantizar la transparencia en casa, ¿cómo puede garantizar justicia para la ciudadanía?

— El Tecladista de Agencia MANL