domingo, 17 de noviembre de 2024

OSFEM es una entidad decorativa en el Estado de México

  


* Cuatro años de bajos resultados


Por Redacción / Agencia MANL 


Toluca, México.- Miroslava Carrillo Martínez asumió el título del Órgano Superior de Auditoría del Estado de México (OSFEM) en enero de 2020, con la promesa de fortalecer la rendición de cuentas en el Estado de México. Sin embargo, después de casi cuatro años en el cargo, los resultados han sido pobres y el desempeño del organismo ha sido ampliamente cuestionado.


CANTIDADES OBSERVADAS, PERO SIN ACCIONES CONCRETAS 

 


Durante la gestión de Carrillo Martínez, el OSFEM ha detectado irregularidades por más de 39 mil millones de pesos, derivadas de auditorías realizadas a diversas entidades públicas estatales y municipales. Estas observaciones incluyen obras públicas no ejecutadas, subejecuciones presupuestarias y gestión opaca en organismos descentralizados.


A pesar de la magnitud de los hallazgos, el impacto tangible ha sido limitado. A la fecha no se ha recuperado ningún recurso y las acciones del OSFEM parecen limitarse a emitir observaciones y entregar casos a otras instancias sin un seguimiento efectivo.


SELECCIÓN DE OBJETIVOS Y PERCEPCIÓN CIUDADANA


La responsable del OSFEM ha preferido seguir las investigaciones de municipios pequeños, dejando prácticamente intocables a aquellos municipios que gestionan mayores recursos. Esta selección ha generado críticas tanto de la ciudadanía como de los legisladores que coinciden en que los recursos de los grandes municipios no están siendo auditados rigurosamente.


Los ciudadanos, por su parte, cuestionan el destino de los recursos en sus respectivas localidades. Denuncian la falta de obras públicas visibles, servicios deficientes, problemas con el suministro de agua potable y vías deterioradas. La falta de resultados en seguridad y servicios básicos como alumbrado público agrava la percepción de ineficiencia del OSFEM.


EJEMPLOS DE CASOS DESTACADOS 


Entre los casos más graves se encuentran las cuatro denuncias penales presentadas en 2023 por obras públicas pagadas pero no ejecutadas, y actos de corrupción dentro del propio OSFEM, como sobornos y falsificación de documentos. Sin embargo, estas denuncias aún no se han traducido en sanciones definitivas ni en la reparación del daño.



MUNICIPIOS BAJO OBSERVACIÓN


Los municipios afectados por irregularidades siguen enfrentándose a graves problemas financieros y administrativos. Entre las entidades fiscalizadas destacan ejemplos como Chiconcuac, Juchitepec, Ozumba y San Felipe del Progreso que, a pesar de las observaciones de OSFEM, no han mostrado avances significativos en la solución de sus problemas.


Además, las sanciones administrativas dictadas por el Tribunal Administrativo del Estado de México (TRIJAEM), que suman apenas 2.3 millones de pesos de indemnización, parecen mínimas en comparación con los daños detectados.


FALTA DE RESULTADOS Y CRÍTICAS A OSFEM 


El principal cuestionamiento de la gestión de Miroslava Carrillo es la ineficacia del OSFEM para traducir sus hallazgos en resultados concretos. Las observaciones realizadas han puesto de relieve el mal uso de recursos públicos, pero los responsables no han sido sancionados efectivamente y los recursos desviados no han sido recuperados.


Organizaciones de rendición de cuentas y expertos han señalado que el OSFEM parece actuar más como un organismo decorativo que como un verdadero organismo supervisor. Los municipios siguen sufriendo financiera y administrativamente, sin que las auditorías conduzcan a la reparación de los daños ni a la mejora de la gestión pública.


Después de casi cuatro años, la gestión de Miroslava Carrillo Martínez al frente del OSFEM enfrenta fuertes críticas por sus malos resultados. Mientras las irregularidades detectadas siguen creciendo y los municipios siguen sufriendo las consecuencias del mal manejo de los recursos, el OSFEM se ha mostrado incapaz de cumplir su promesa de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado de México.


Esta situación refleja no sólo una crisis en la supervisión estatal, sino también la urgente necesidad de reformar el sistema de control y sanción para evitar que la corrupción y la impunidad sigan siendo la norma.


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