Justicia para Valeria

 

* A Tres años del feminicidio, su madre clama por una sentencia digna

Por Redacción/ Agencia MANL

Ecatepec, Méx. - A tres años del feminicidio de Valeria Miranda, una menor de 16 años asesinada en su domicilio en Coacalco de Berriozábal, su madre, Erika “Chula”, familiares y amigos se presentaron en los juzgados del Centro de Readaptación Social Sergio García Ramírez, mejor conocido como Chiconautla, para exigir justicia y una sentencia digna.

Valeria fue estrangulada por su propio tío paterno, Ricardo “N”, el 16 de abril de 2022 al interior de su recámara. El dictamen forense confirmó muerte por asfixia mecánica por estrangulamiento.

Desde entonces, su madre ha sostenido una batalla legal contra un sistema judicial que, a pesar de la gravedad del caso, ha ido desdibujando la sentencia impuesta al agresor. Inicialmente condenado a 75 años y 10 meses de prisión, la pena de Ricardo fue reducida a 64 años y 4 meses.

Posteriormente, promovió un amparo alegando violaciones a sus derechos procesales, argumentando que se le contaron días no hábiles en el procedimiento. Hoy, tras poco más de tres años, "meses y días de lucha", la familia enfrenta una audiencia crucial que podría cambiar el rumbo del caso: el juicio de reposición podría beneficiar al agresor y dejarlo en libertad.

“Lo que pedimos no es venganza, es justicia para una niña que fue víctima de feminicidio y abuso sexual. No más impunidad, no más revictimización. Mi hija fue asesinada y violada por alguien de su propia sangre. No podemos permitir que este tipo de crímenes se minimicen en los tribunales”, declaró Erika, antes de entrar a la audiencia programada a las 12 del día en las salas de audiencias del juzgado penal.

La madre también reveló que su otra hija fue víctima de abuso por el mismo agresor. “Tuve que dejarlas con su padre porque yo tenía que trabajar. Pero nunca las abandoné. Ahora me castigan como si la culpa fuera mía por ser madre trabajadora”.

Afuera del penal, entre pancartas con la frase “Ni una más”, familiares y colectivos exigieron al Poder Judicial del Estado de México que cumpla con su deber. “No estamos pidiendo favores, estamos pidiendo justicia ante la ley”, dijo una manifestante.

Este caso, que carga el dolor de una familia, vuelve a poner en evidencia la necesidad urgente de fortalecer el sistema judicial en materia de feminicidios. Valeria no es un número más. Su nombre, su historia y su lucha de más de tres "merecen justicia", se escucha decir entre los presentes.

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Daniel Ponce pide intervención federal en Edomex; acusa corrupción en gobierno de Delfina Gómez

 

Por Redacción | Agencia MANL


Ciudad de México, 25 de junio de 2025.— El activista mexiquense Daniel Ponce acudió este martes a Palacio Nacional para solicitar de manera formal la intervención urgente del Gobierno de la República en el Estado de México, al denunciar públicamente presuntos actos de corrupción en la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Ponce aseguró contar con pruebas documentales que vinculan al actual gobierno estatal con empresas ligadas al llamado Grupo Atlacomulco, “el mismo grupo que tanto daño le hizo a nuestra tierra y que hoy sigue operando, ahora con otro color”.

“Hoy estoy aquí porque la situación en mi estado ya no se puede callar más. El gobierno de Delfina Gómez está repitiendo los mismos métodos de desfalco de dinero público que utilizaron los gobiernos corruptos del pasado”, afirmó el también impulsor de un proceso de revocación de mandato contra la mandataria morenista.

En su declaración, Daniel Ponce sostuvo que no permitirá que el Estado de México siga bajo lo que calificó como “simulaciones ni pactos con el viejo régimen” y reafirmó su decisión de encabezar acciones legales y ciudadanas para exigir justicia, transparencia y un gobierno que verdaderamente sirva a la población mexiquense.

El pronunciamiento se da en un contexto de creciente tensión política en la entidad, donde distintos sectores han expresado inconformidad por decisiones administrativas y supuestos contratos opacos.

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EL FRACASO DE LA 4T EN LOS GOBIERNOS ESTATALES DE MORENA. LA AGENDA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

  

José Humbertus Pérez Espinoza.

COLUMNA ESPECIAL 

Es claro que los gobiernos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siguen rutas distintas a los gobernadores de MORENA.

Los gobiernos estatales de MORENA negociaron con los gobernadores que les dieron el poder, no tocaron a las fiscalías estatales y dejaron intactos a los grupos de jueces y magistrados que siguieron controlando el corrupto y pestilente poder judicial.

Legitimaron la falta de operadores de justicia desde las instituciones de seguridad y procuración de justicia, garantizaron que no existía carrera ministerial, policial y pericial.

Además de que estos servidores públicos carecían de la certificación constitucional por no haber acreditado los exámenes de control de confianza, ratificaron con ello el incumplimiento a la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008.

Como resultado, en menos de ocho años de gobiernos morenistas, la ciudadanía está desencantada con las promesas de cambio y transformación. El desacuerdo nacional radica en que la ciudadanía percibe que los gobiernos estatales con Morena son corruptos, estrechan sus vínculos con la delincuencia y comienzan a censurar a los medios de comunicación.

Es claro que la elección del presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, responde a los intereses y vínculos del exmagistrado, Sergio Javier Medina Peñaloza.

La titularidad del PJEM a cargo de Sergio Javier Medina Peñaloza estuvo marcada por el desvío de millones de pesos para no capacitar a magistrados penales en el Sistema de Justicia Penal Acusativo.

Como presidente del PJEM Ricardo Sodi Cuellar desvió más de 85 millones de pesos para su promoción personal, junto al corrupto director general de administración del Consejo de la Judicatura Roberto Cervantes Martínez infló los precios en la adquisición de bienes y servicios.

La presente información es resultado del Recurso de Revisión 01254/INFOEM/IP/RR/2024, Sujeto Obligado Poder Judicial, Promotor José Humbertus Pérez Espinoza y Comisionado Ponente Guadalupe Ramírez Peña, resuelto en la Trigésima Quinta sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2024 y resuelto por unanimidad de votos.

Es importante destacar que al analizarlo (anexo 2

, página 2) está acreditado porque los cursos y capacitaciones para el funcionamiento del Sistema de Justicia Penal Acusativo (SJPA) iniciaron el 11 de febrero de 2009 y hasta el 3 de diciembre de 2019 solo estas capacitaciones fueron para jueces de control y jueces de los tribunales de enjuiciamiento.

Sólo 29 magistrados completaron un curso que comenzó el 12 de marzo de 2019 y finalizó el 21 de mayo de 2019.

El tema "Curso de Preparación para Magistrados en Materia Penal". Es decir, durante los ocho años que duró la instalación y consolidación de la SJPA, del 18 de junio de 2008 al 19 de junio de 2016, no recibieron capacitación.

 Los magistrados resuelven principalmente las apelaciones y esto da como resultado que miles de personas falsamente culpables vean confirmadas sus sentencias de primera instancia como inocentes.

Ricardo Sodi Cuellar, a sabiendas de que en los órganos jurisdiccionales los operadores de justicia no estaban capacitados, no auditó la 

administraciones de sus predecesores, de modo que 

transparentarán dónde se han aplicado los recursos para la formación de magistrados en materia penal de la SJPA (Recurso de Revisión 01254/INFOEM/IP/RR/2024 del INFOEM pp. 82-93).

El 9 de marzo de 2020, el Consejo de la Judicatura del Estado de México, presidido por Ricardo Sodi Cuellar, otorgó la facultad al Lic. Roberto Cervantes Martínez director general de la Administración del Poder Judicial del Estado de México, para celebrar convenios y contratos, derivados de procedimientos relacionados con la adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y servicios de cualquier naturaleza.

Ricardo Sodi y Roberto Cervantes, con el Acuerdo citado, desautorizaron a los asesores de la Comisión de Administración del CJEM y con ello sobrevaluaron todos los contratos en materia de adquisición, enajenación y arrendamiento de bienes y servicios, a fin de favorecer a las empresas amigas que les entregaron cientos de millones de pesos. 

Ricardo Sodi Cuellar desplegó diversos actos de corrupción, como lo evidencian los contratos números: LP-PJ-09/2021 y LP-PJ-05/2023, para la adquisición, suministro de bienes y servicios informáticos para la instalación y adecuación para habilitar 95 Salas de Tribunales Orales.

Los acuerdos voluntarios fueron firmados por el Poder Judicial del Estado de México: Roberto Cervantes Martínez, Director General de Administración y por Tecnología en Telecomunicaciones SA de CV los ciudadanos Hugo Alberto Méndez Arellano y Jorge Antonio Soto Martínez, el monto total de ambos contratos fue de $160,504,547.00 (ciento sesenta millones quinientos cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/MN).

No sólo está comprobado que durante el sexenio de Ricardo Sodi Cuéllar se incrementaron los precios en construcción, adquisición de bienes y servicios, sino también que, respecto de los 95 Tribunales Orales, específicamente los de juicios orales mercantiles, no se instalaron, donde se requirieron y simularon cientos de juicios orales mercantiles para despojar a familias mexicanas de sus viviendas.

¿Romperá el magistrado Héctor Macedo García el cordón umbilical con su magistrado Ayatolá Sergio Javier Medina Peñaloza?, ¿auditará el magistrado Macedo García las dos últimas gestiones tras los resultados de la Revisión de Recursos 01254/INFOEM/IP/RR/2024 del INFOEM?

Lunes 23 de junio de 2025

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Se desborda río en San Rafael Naucalpan: viviendas y vialidades bajo el agua

  

Por el equipo editorial/Agencia MANL 

Naucalpan, México, 23 de junio de 2025. — El desbordamiento del río en la colonia San Rafael Chamapa, municipio de Naucalpan, provocó graves inundaciones que afectaron viviendas, vialidades y servicios públicos. Vecinos reportaron que el agua comenzó a filtrarse por patios y cocheras desde las primeras lluvias intensas, sin que las autoridades municipales respondieran de inmediato.

Según testimonios recabados en la zona, el nivel del agua superó los 60 centímetros en algunas calles como la Segunda Cerrada de Cuitláhuac y la Avenida San Rafael, lo que dejó vehículos varados, pérdidas materiales en viviendas y la suspensión parcial del suministro eléctrico. Los vecinos denunciaron la falta de mantenimiento en el cauce del río, lo cual ya había sido motivo de alerta desde el inicio de la tormenta.

Protección Civil de Naucalpan llegó al lugar cuando los efectos ya eran perceptibles. Brigadas de emergencia realizan trabajos de drenaje con bombas hidráulicas, mientras que elementos de Seguridad Ciudadana mantienen acordonadas las zonas más afectadas. Hasta el momento no se han reportado heridos ni muertos, pero se ha desalojado a familias como medida de precaución.

Los vecinos piden atención inmediata y soluciones permanentes, pues aseguran que este tipo de desbordamientos se repiten cada temporada de lluvias sin que el gobierno municipal realice las obras hidráulicas adecuadas.

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Diputado Octavio Martínez pide revisar permanencia del Fiscal José Luis Cervantes

 

Por el equipo editorial de la Agencia MANL.

Estado de México.— En un contexto marcado por hechos recientes de alto impacto, como el asesinato del juez federal Everardo Maya Arias y de Patricio Reyes Landa, conocido como "El Pato", el diputado local por el Distrito 6, Octavio Martínez Vargas, instó a una revisión crítica sobre la permanencia del Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

A través de una publicación en sus redes sociales, el legislador de Morena expresó su preocupación por lo que considera una falta de avances significativos en el fortalecimiento del sistema de justicia estatal, señalando que la Fiscalía continúa operando con la inercia heredada del antiguo régimen político. Martínez Vargas argumentó que la continuidad de Cervantes en el cargo representa un freno a las transformaciones legales impulsadas tanto por el gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, como por la nueva administración federal.

El diputado recordó que José Luis Cervantes fue nombrado durante el gobierno del PRI y comparó esta situación con el caso del exfiscal Jesús Murillo Karam, quien impuso la llamada "verdad histórica" ​​en el caso Ayotzinapa. En ese sentido, el legislador cuestionó si la Fiscalía mexicana está en condiciones de pagar por la verdad y la justicia en casos tan delicados y complejos.

“El Estado de México atraviesa una etapa que requiere nuevas formas de procurar justicia, con verdadera autonomía y compromiso con la legalidad y los derechos humanos. Es momento de abrir un debate serio sobre si la actual titularidad de la Fiscalía responde a ese mandato social”, afirmó Martínez Vargas.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido una postura oficial respecto a estas declaraciones.

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"Proponen descontar sueldo a diputados que no asistan al Pleno"

 

* El diputado Octavio Martínez Vargas propone que la asistencia al Congreso del Edoméx sea obligatoria: "No les pagan por estar en casa"


Por Redacción / Agencia MANL


Toluca, Estado de México, 12 de junio de 2025. El diputado Octavio Martínez Vargas presentará este jueves una iniciativa ante la Comisión Permanente de la Legislatura del Estado de México para establecer la asistencia obligatoria de los legisladores a las sesiones del Congreso local, bajo el argumento de que el trabajo parlamentario no puede seguir desarrollándose "desde la comodidad de sus oficinas y hogares".

Previó a  su pronunciamiento, Martínez Vargas calificó de lamentable que en cada periodo de sesiones —que solo se lleva a cabo una vez por semana— asistan al Pleno entre 30 y 40 diputados, de los 75 que conforman la Legislatura. "Los demás, supuestamente conectados por Zoom, no están cumpliendo con la responsabilidad que la ciudadanía les ha encomendado", advirtió.

La propuesta incluye una medida específica: un descuento salarial para quienes no asistan presencialmente a las sesiones. "Necesitamos un Congreso que trabaje con seriedad y compromiso", dijo el legislador mexicano.

La ciudadanía reacciona: exige compromiso y rendición de cuentas .

La iniciativa generó diversas reacciones ciudadanas en redes sociales, donde algunos usuarios exigieron que el diputado revelara los nombres de quienes no asisten y que se tomaran medidas para destituir o destituir a quienes no cumplen con sus funciones.

"Tienen que votar por quien realmente trabaje para su sección", escribió un usuario. Por su parte, Estela Ruby felicitó al legislador por su labor y expresó: "Muchas bendiciones, que Jehová Dios lo guarde y lo bendiga en su camino".

Otros comentarios fueron más críticos con el Congreso. José Rogelio Velázquez señaló: "Es una verdadera vergüenza. ¿Por qué tanto privilegio para esta gente si siguen cobrando sin asistir? Es una falta de ética". En el mismo sentido, Patricia Abadía expresó: "Muy buen trabajo, licenciado Octavio. Te hacen descuento si faltas, y ni siquiera se conectan por Zoom".

Luis Román García instó a la ciudadanía a ser más consciente del voto: "Ahora la ciudadanía tiene que prestar atención a por quién votar", mientras que Angélica Cervantes Guillén fue contundente: "Es hora de que los perezosos que están en casa empiecen a trabajar. No les pagamos para que estén ociosos".

Exigimos un Congreso activo y responsable.

La propuesta de Octavio Martínez Vargas se suma al creciente clamor social por un Congreso más activo, transparente y cercano a las necesidades reales de la población. En un contexto donde los poderes ejecutivos federal y estatal, encabezados por Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez Álvarez, respectivamente, han reiterado la importancia de la transformación institucional, esta iniciativa podría abrir el debate sobre la rendición de cuentas en el Congreso mexicano.

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Urge renovar Ley Orgánica del Poder Judicial del Edomex: Octavio Martínez Vargas

 

Por Redacción/ Agencia MANL 

Toluca, Estado de México.— Con la finalidad de fortalecer la impartición de justicia en la entidad, el diputado local Octavio Martínez Vargas anunció que propondrá la elaboración de un nuevo marco normativo en materia de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, así como una profunda reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal.

Durante una declaración reciente, el legislador informó que, aunque en el próximo periodo extraordinario de sesiones —programado para el 26 de junio— no está contemplado abordar el tema de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es indispensable que dicha legislación quede aprobada antes del 1° de septiembre. Esto, en función del relevo que se avecina en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

“Valdría la pena concentrarnos para que, una vez que asuman su cargo el presidente del Tribunal Superior de Justicia, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del propio Tribunal Superior, así como los 55 nuevos jueces y juezas, exista una Ley Orgánica renovada que responda a la nueva realidad del Poder Judicial mexiquense”, declaró Martínez Vargas.

El legislador, integrante de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, subrayó que el nuevo marco debe establecer con claridad los alcances, organización y mecanismos de control del Poder Judicial, a fin de avanzar hacia una justicia más eficiente y confiable para la ciudadanía.

Respecto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Martínez Vargas se pronunció por una reestructura a fondo. Afirmó que en algunas áreas persisten prácticas de corrupción, negligencia, fabricación de delitos y una alarmante ineficacia en la ejecución de órdenes de aprehensión.

“Es evidente que la Fiscalía, en su estructura actual, no ha dado resultados. Existe una administración obesa, con desproporción de salarios y sin cumplimiento efectivo de sus funciones. Esto debe ser revisado con detalle”, agregó.

El legislador adelantó que ambas propuestas serán planteadas en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su discusión, como parte de los ajustes necesarios tras la renovación de actores clave en el Poder Judicial.

Finalmente, Martínez Vargas sostuvo que estas reformas contribuirán al cumplimiento del Eje número 1 del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, impulsado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, orientado a la construcción de un Estado de derecho con cero corrupción, austeridad y un gobierno del pueblo y para el pueblo.

“Con estos cambios, buscamos garantizar una justicia más cercana, más eficaz y verdaderamente al servicio de los mexiquenses”, concluyó.