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Por Redacción | Agencia MANL
Almoloya de Juárez, México, 1 de septiembre de 2025. — Representantes de San Francisco y San Miguel Oxtotilpan se manifestaron pacíficamente frente a los juzgados de Santiaguito para exigir imparcialidad en el proceso judicial contra Omar Esquivel López, acusado de un presunto desvío de 32 millones 482 mil pesos del Tribunal Administrativo del Estado de México (TRIJAEM). La defensa sostiene que el exadministrador es tratado como chivo expiatorio, mientras que los responsables con facultades de autorización permanecen impunes.
DESARROLLO DEL CASO:
Esquivel López fue detenido el 26 de agosto de 2025 en Toluca y se encuentra en prisión preventiva desde entonces. La Fiscalía lo acusa de abuso de confianza por operaciones bancarias realizadas el 1 de diciembre de 2023, a pesar de que la defensa presentó pruebas de su arraigo en Toluca y antecedentes que lo ubican en funciones administrativas sin acceso a la autorización para dispersar recursos.
Edomex.
LA RED BANCARIA
Documentos oficiales confirman que Esquivel operaba como usuario autorizado "003" de TRIJAEM, con acceso para consultas y movimientos. Tras la reclamación de transferencias no reconocidas, Scotiabank declaró infundada la denuncia, confirmando que las operaciones se realizaron con la contraseña y el dispositivo de clave electrónica del tribunal. Sin embargo, el banco reembolsó el importe total bajo el concepto de "decisión comercial", pagando más de 32 millones de pesos a la cuenta institucional, una contradicción que alimenta la defensa sobre irregularidades en la investigación.
RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES OMITIDAS
El 13 de enero de 2023, Gerardo Becker asumió la presidencia de TRIJAEM y nombró a Tomás Delgado como director de administración, el único funcionario con autoridad contractual para distribuir recursos a través del token institucional. Según los registros, el 1 de diciembre de 2023, se distribuyeron 32 millones a 28 cuentas, técnicamente avaladas por Delgado. Sin embargo, el 4 de diciembre, Becker denunció un presunto hackeo ante la Fiscalía.
Veintiún meses después de los hechos, ni Becker ni Delgado han sido citados a declarar, ni se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los beneficiarios de las transferencias. La defensa, apoyada por el diputado Octavio Martínez Vargas, denuncia una investigación parcial y selectiva.
VOCES DE RESISTENCIA
Silvia Verónica Villela Cima, esposa del imputado y representante indígena de San Francisco Oxtotilpan, enfatizó:
> "Mi esposo está siendo señalado sin investigar a quienes tenían la facultad de autorizar los recursos. Exigimos que se respete su integridad física y el debido proceso. Esta movilización es pacífica, pero es un acto de vigilancia ciudadana contra una Fiscalía que no ha actuado con transparencia".
DEMANDAS DE LA DEFENSA
El equipo legal exige:
1. Garantías de integridad dentro del penal de Santiaguito.
2. Reubicación en una zona de servidores públicos mientras dure el proceso.
3. Citación de todos los sospechosos involucrados y trazabilidad de los recursos dispersos.
4. Escalada a nivel federal si persiste la falta de diligencia ministerial.
La defensa presentó pruebas documentales y en video que buscan exonerar a Esquivel. Sin embargo, la principal señal apunta a la Fiscalía mexicana, que ha omitido citar a los verdaderos funcionarios administrativos, evidenciando un proceso plagado de omisiones y posibles intereses políticos.
La pregunta que queda abierta es si la justicia en el Estado de México se aplicará con imparcialidad o si este caso será recordado como otro ejemplo de persecución contra funcionarios de menor rango mientras los altos mandos permanecen al margen de la ley.
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