Pueblos originarios de Temascaltepec anuncian acompañamiento solidario en audiencia del líder comunitario

 

Por el equipo editorial | Agencia MANL 

Almoloya de Juárez, México.- La señora Silvia Verónica Villela Cima convocó a la ciudadanía a participar en un acto solidario el próximo lunes 1 de septiembre, a las 9:30 horas, frente a los juzgados penales de Santiaguito, donde se llevará a cabo la audiencia de su esposo, Omar Esquivel López.

En sus redes sociales, Villela Cima explicó que se trata de un acto de presencia de los pueblos originarios de Temascaltepec, en apoyo a los integrantes de sus comunidades, quienes -denunció- han sido objeto de carpetas de investigación “sembradas y plantadas” por la Fiscalía del Estado de México.

El llamado se produce después de que, el 21 de julio de 2025, autoridades ministeriales acudieran al poblado matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan para llevar a cabo, según el denunciante, actos de intimidación y extorsión. En dicho operativo, detalló, se habrían colocado paquetes de droga en la mina de la comunidad con la intención de involucrar a las autoridades comunales, en un acto que calificó de "corrupción en perjuicio de los pueblos indígenas".

Villela Cima defendió la integridad de su esposo, quien actualmente administra la Mina de San Miguel Oxtotilpan, y enfatizó que fue nombrado por su reputación de "intachable integridad moral". Advirtió que la Fiscalía podría estar vinculando a Esquivel López con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas durante los sucesos de julio, en los que participaron las comunidades de San Francisco Oxtotilpan, San Miguel Oxtotilpan, Mesón Viejo y San Mateo Almololoa.

En su mensaje, la mujer exigió el fin del uso de recursos públicos para fines privados, un sistema de justicia transparente, eficaz y confiable, y la protección de los derechos humanos e indígenas de los pueblos indígenas del Estado de México. Reiteró que la manifestación será pacífica y organizada, enfocada exclusivamente en apoyar a las autoridades comunitarias.

El caso de Omar Esquivel López incrementa las tensiones entre autoridades estatales y comunidades indígenas, en un contexto donde la defensa de los derechos comunales y la gestión de los recursos naturales sigue siendo un tema sensible en la región.

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Diputado Octavio Martínez exige esclarecer presunto desvío de 32 millones en el Tribunal de Justicia Administrativa

 

Por Redacción | Agencia MANL

Ecatepec, Méx. – En tribuna, el diputado local Octavio Martínez Vargas lanzó un severo señalamiento sobre el manejo de recursos en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de México, al exigir que se investigue a fondo la dispersión de 32 millones de pesos realizada el 1 de diciembre de 2023, presuntamente autorizada desde el interior del órgano y hasta ahora sin esclarecerse.

El legislador recordó que el TJA adquirió autonomía financiera plena a partir del 1 de enero de 2023, con la responsabilidad exclusiva de administrar su presupuesto, de acuerdo con la Ley Orgánica del propio tribunal. Sin embargo, denunció que a casi 20 meses de distancia, la Fiscalía mexiquense no ha avanzado en esclarecer el destino del dinero ni en deslindar responsabilidades.

De acuerdo con los datos expuestos, la dispersión de recursos fue ejecutada vía transferencia electrónica con token, un procedimiento que solo puede ser autorizado por personal previamente registrado ante la institución bancaria. El diputado señaló directamente a Tomás Delgado, administrador del tribunal y colaborador cercano del entonces magistrado presidente Gerardo Becker Ania, como el operador de la transacción.

A pesar de que Becker Ania, interpuso una denuncia tres días después, bajo el argumento de que el tribunal había sido víctima de un hackeo, Martínez Vargas cuestionó la versión oficial al subrayar que la operación quedó registrada con hora, cuentas destino y datos de ejecución en los sistemas bancarios.

El legislador criticó la inacción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), encabezada por José Luis Cervantes, a quien acusó de omisión y complicidad por no citar a declarar ni al magistrado Becker Ania, ni al administrador señalado, ni rastrear las cuentas receptoras del dinero. En contraste, resaltó, existen personas encarceladas por delitos menores como el robo de alimentos, mientras un caso de presunta corrupción millonaria permanece sin resultados.

Martínez sostuvo que el Tribunal de Justicia Administrativa, órgano encargado de sancionar faltas graves de servidores públicos, incurre en una contradicción al ser ahora protagonista de un posible desfalco. Además, advirtió que el próximo 5 de septiembre, con la entrada del nuevo Poder Judicial y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, este caso será una “prueba de fuego” para demostrar si habrá un cambio real en la impartición de justicia.

“El eje número uno del plan de desarrollo de nuestra gobernadora es cero corrupción. Si no hay justicia en el robo de 32 millones, se estaría confirmando la continuidad de un sistema protector de intereses políticos y no de la ciudadanía”, sentenció.

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“Hackeo” millonario: Tribunal de Justicia Administrativa oculta la verdad sobre 32 mdp

 

Redacción | Agencia MANL .

Toluca, Estado de México.- Lo que el magistrado Gerardo Becker Ania presentó como un "hackeo" ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México no fue más que un robo a un banco autorizado que desaparecieron 32 millones de pesos, sin que nadie rindiera cuentas. El diputado Octavio Martínez Vargas, subsecretario de la Comisión de Procuraduría y Administración de Justicia, denunció que esta versión es un intento de encubrir el robo y evidenció demoras, omisiones y falsedades en la investigación.

"El magistrado ocultó un robo al llamarlo ciberataque. La dispersión se realizó mediante un token, un mecanismo que solo puede ser ejecutado por la persona con poderes contractuales, lo que demuestra que no hubo hackeo", aseguró Martínez Vargas. Veinte meses después de los hechos, la Fiscalía del Estado no ha rastreado el destino de los recursos ni ha citado a declarar a los responsables.

El legislador criticó que, mientras se condena a personas a prisión por delitos menores, 32 millones de pesos desaparecen sin consecuencias. La reciente detención de Omar N., acusado de abuso de confianza, no aclara quién autorizó la dispersión ni la responsabilidad del magistrado Becker, quien recomendó al administrador vinculado a la operación.

Martínez Vargas advirtió que la impunidad en este caso debilita los esfuerzos del Plan de Desarrollo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuyo primer eje prioriza la lucha contra la corrupción. "Si no se sanciona este millonario robo, habrá cero corrupción en el Estado de México", concluyó, subrayando la gravedad de disfrazar un delito como un supuesto hackeo.

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Diputado Octavio Martínez cuestiona informe del Poder Judicial mexiquense en medio de críticas por prisiones injustas

 

Por el equipo editorial | Agencia MANL

Toluca, México, 26 de agosto de 2025.- El diputado local Octavio Martínez Vargas lanzó un duro cuestionamiento contra el presidente del Poder Judicial del Estado de México, al señalar que no hay resultados positivos que garanticen justicia para la sociedad, y anticipó que no asistirá al informe de trabajo que se realizará este martes 26 de agosto.

El legislador sostuvo que miles de personas permanecen privadas de su libertad como resultado de carpetas de investigación “fabricadas”, lo que evidencia -dijo- una crisis de confianza en el sistema judicial mexicano.

"¿Qué resultados positivos puede ofrecer a la sociedad el actual presidente del Poder Judicial del Estado de México? Obviamente no atenderé el informe de quienes tienen a miles de inocentes en prisión, víctimas de expedientes de investigación falsificados", dijo.

Martínez Vargas agregó que resulta incongruente que el Poder Judicial realice un informe de labores mientras persistan denuncias de irregularidades, corrupción y violaciones al debido proceso.

Al mismo tiempo, el legislador destacó como un hecho positivo el relevo de 91 jueces en la entidad, quienes asumirán funciones a partir del próximo 1 de septiembre. Según él, esta renovación representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de justicia más transparente y cercano a la ciudadanía.

Cabe destacar que el Poder Judicial del Estado de México enfrenta actualmente críticas por parte de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes han denunciado irregularidades en los procesos penales y deficiencias en la impartición de justicia.

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Pequeño Cronista: Entre aplausos y rezagos, ¿dónde queda la justicia?

 

COLUMNA ESPECIAL 

Hoy, la gobernadora Delfina Gómez asistió a la sesión solemne del Poder Judicial del Estado de México, donde el magistrado presidente Fernando Díaz Juárez presentó su informe de resultados. En su mensaje, la mandataria destacó un Poder Judicial “sólido, innovador, comprometido con la igualdad y cercano a la ciudadanía”, y extendió su reconocimiento a todas y todos los integrantes de este órgano, subrayando la importancia del trabajo colaborativo entre ambos poderes para avanzar en la transformación del Estado.

Sin embargo, más allá de los aplausos y los discursos protocolarios, surge la pregunta inevitable: ¿realmente la justicia mexiquense es cercana al pueblo como se afirma con  Fernando Díaz Juárez? Sí con Ricardo Sodi Cuellar no lo hubo. ¿Ahora sí? Miles de familias enfrentan procesos lentos, desigualdades en el acceso a la justicia y rezagos que limitan la efectividad del sistema judicial. Las palabras de la gobernadora, Delfina Gómez, aunque bien intencionadas, difícilmente pueden ocultar la distancia entre el discurso oficial y la experiencia real de los ciudadanos.

El reconocimiento a los presuntos resultados del  magistrado Díaz Juárez  es válido si se traduce en acciones concretas que garanticen justicia efectiva, imparcial y accesible. El llamado a la colaboración entre poderes, repetido con frecuencia, solo será significativo si se materializa en beneficios tangibles para la ciudadanía, especialmente para quienes históricamente han estado al margen de la justicia.

En definitiva, el “Poder de Servir” al que hace referencia Delfina Gómez no debe quedarse en un lema ni en una frase de ocasión; debe reflejarse en procesos más ágiles, mayor transparencia y resultados que los mexiquenses puedan percibir en su vida diaria. Solo así la cercanía del Poder Judicial dejará de ser un discurso y se convertirá en realidad palpable.

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Presunto desvío millonario en el TRIJAEM habría ocurrido durante gestión de Raúl Santos Valdez y Gerardo Becker Anía

 

Por Redacción | Agencia MANL

Toluca, Méx., 26 de agosto de 2025.– Presuntamente, un desvío por más de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) habría ocurrido durante la gestión de Raúl Santos Valdez como director de Administración y Gerardo Becker Anía como presidente del Tribunal.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Omar “N”, ex Jefe de Departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM, habría utilizado un token de seguridad para realizar 29 transferencias electrónicas sin autorización ni justificación legal, por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos. Estas operaciones habrían afectado la capacidad del Tribunal para cumplir con sus obligaciones legales y administrativas, generando un perjuicio patrimonial significativo.

La FGJEM informó que Omar “N” fue detenido recientemente en Toluca y puesto a disposición de la autoridad judicial, donde permanece bajo investigación. La Fiscalía aclaró que el detenido debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia condenatoria.

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Detienen a ex servidor público del TRIJAEM acusado de desviar más de 32 millones de pesos

 

Por Redacción | Agencia MANL


Toluca, Méx., 26 de agosto de 2025.– Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Omar “N”, de 36 años, ex servidor público del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza, luego de presuntamente realizar transferencias electrónicas sin autorización por un monto superior a 32 millones de pesos.

La aprehensión se llevó a cabo en la avenida Paseo Colón, colonia Ciprés, en la capital mexiquense. El detenido fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía estatal, certificado médicamente y posteriormente ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 1 de diciembre de 2023, cuando Omar “N”, en su calidad de Jefe de Departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM, habría utilizado un token de seguridad —dispositivo exclusivo para ejecutar transferencias electrónicas— con el que, en conjunto con otras personas, realizó 29 movimientos por un total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin justificación legal ni autorización institucional.

Las operaciones dejaron bloqueados los recursos desde el 1 hasta el 13 de diciembre de ese año, lo que generó un perjuicio patrimonial significativo al Tribunal y comprometió su capacidad de cumplir con obligaciones legales y administrativas.

Ante estos hechos, el Ministerio Público inició una investigación y solicitó a la Autoridad Judicial girar orden de aprehensión en contra del señalado, la cual fue otorgada y cumplimentada por la Policía de Investigación (PDI). La Fiscalía mexiquense contó con el respaldo del Tribunal de Justicia Administrativa para el desarrollo de las indagatorias.

La FGJEM precisó que al detenido se le debe considerar inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia condenatoria.



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Internos de Chiconautla denuncian cobros indebidos, abusos y complicidad de autoridades

 

Por Redacción | Agencia MANL

Ecatepec, Méx.– Un grupo de internos del penal de Chiconautla denunció a través de un escrito anónimo las constantes violaciones a sus derechos humanos cometidas tanto por autoridades penitenciarias como por otros reclusos, quienes, aseguran, operan en complicidad con la policía.

En la carta, los reclusos manifiestan que son víctimas de cobros indebidos, amenazas, golpizas y extorsiones. Afirman que quienes se niegan a pagar las cuotas impuestas son castigados y agredidos por grupos de internos “montados y armados” que, según los denunciantes, cuentan con la protección de las autoridades.

“Si te preocupa tu interno y ya no quieres pagar, mete este escrito. Ya no más cobros”, se lee en el documento, en el que los firmantes llaman a familiares y más compañeros privados de la libertad a sumarse a la denuncia, con la intención de reducir los riesgos de represalias.

Los denunciantes también advierten que los custodios permiten que algunos presos almacenen armas blancas dentro del penal: “La mejor lucha es en los juzgados porque la policía permite que almacenen cuchillos”, recalcan en el texto.

El escrito refleja la desesperación de los internos que, pese al temor a represalias, decidieron visibilizar las prácticas de corrupción y violencia al interior del penal de Chiconautla. Señalan que la presión colectiva ante los tribunales podría ser la única vía para frenar los abusos.

Hasta el momento, autoridades penitenciarias no se han pronunciado sobre las acusaciones.

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URC Naucalpan: universidad sin acceso real por transporte caro e inseguro

 

Claudia Sheinbaun, de visita a las instalaciones de la nueva universidad 

Por el equipo editorial | Agencia MANL 

Naucalpan, Estado de México, 18 de agosto de 2025. – A pesar de que el alcalde Isaac Montoya Márquez destacó la próxima inauguración del nuevo campus de la Universidad Rosario Castellanos (URC) como un logro de su gestión, el verdadero reto para los jóvenes naucalpanes no será el ingreso a la universidad, sino la ausencia de condiciones mínimas de infraestructura y transporte para acceder a la institución.

Informes de la Secretaría de Movilidad del Estado de México confirman que Naucalpan se enfrenta a uno de los sistemas de transporte más caros e inseguros del Valle de México. Para los estudiantes de colonias periféricas como San Rafael Chamapa, San Agustín o Loma Colorada, mudarse a Rancho Los Tres García, donde se ubicará la URC, implica invertir más de dos horas al día y pagar cuotas que afectan directamente a los hogares de menores recursos.

Aunque el gobierno municipal anunció la rehabilitación de la Avenida Los Arcos como vía de acceso, los expertos advierten que las mejoras serán insuficientes si no se implementan rutas seguras, accesibles y con costos regulados. Sin estas medidas, la universidad corre el riesgo de convertirse en un espacio exclusivo para quienes más la necesitan.

La falta de conectividad se ve agravada por un contexto preocupante: más del 25% de los jóvenes de entre 15 y 24 años en Naucalpan abandonan sus estudios, principalmente por falta de recursos y la necesidad de incorporarse a empleos precarios, según datos del INEGI y el Coneval. Sin recursos suficientes para transporte o becas, la apertura de una nueva universidad difícilmente resolverá el problema estructural de la deserción escolar.

Además, la Auditoría Superior de la Federación advirtió en 2023 que varias universidades del mismo modelo, tanto la Rosario Castellanos como la Benito Juárez, operan sin infraestructura adecuada ni suficientes profesores de tiempo completo, lo que compromete la calidad académica.

El campus Naucalpan de la URC representa un avance en cobertura, pero sin un plan integral de movilidad, seguridad y apoyo social, el acceso a la educación superior seguirá siendo un privilegio lejano para miles de jóvenes de este municipio.

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Subir la tarifa en Edoméx sería un golpe al bolsillo sin mejorar el transporte público

 

Por el equipo editorial | Agencia MANL


Estado de México, 19 de agosto de 2025. – El transporte público en el Estado de México se ha convertido en una de las mayores cargas para las familias trabajadoras. Actualmente, la tarifa mínima se mantiene en 12 pesos, pero los transportistas presionan para un aumento que podría elevarla a 16 pesos. Sin embargo, datos oficiales muestran que un aumento en el suelo es injustificado, pero tendría un fuerte impacto social.

INFLACIÓN CONTROLADA, PERO SIN MEJORAS EN EL SERVICIO

La inflación en México cerró en 3.5% anual en julio de 2025, muy por debajo de los picos registrados entre 2022 y 2023. En este escenario, no hay un argumento económico sólido que justifique un aumento de tarifa. Por el contrario, el último aumento, de 10 a 12 pesos en 2020, no se tradujo en mayor seguridad ni unidades modernas, y los usuarios continúan enfrentándose a camiones inseguros y en mal estado, con frecuentes accidentes.

EL SALARIO SUBE, PERO LA TARIFA LO CANCELA

El salario mínimo subió este año a $278.80 diarios, un aumento del 12%. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2024) revela que, después de la alimentación, el transporte es el segundo gasto más importante en los hogares mexicanos. Un aumento en las tarifas absorbería de inmediato ese aumento salarial, sobre todo para quienes hacen más de dos transbordos al día.

Tarifas sin respaldo técnico ni legal

Actualmente, sigue vigente la tarifa mínima de $12 por los primeros 5 km y $0.25 por kilómetro adicional en la pirámide tarifaria publicada en el Diario Oficial. Según la Secretaría de Movilidad, cualquier cambio debe basarse en un diagnóstico técnico realizado por la UNAM, el IPN y la UAEMéx, aún en proceso. Sin este documento, no se autoriza ningún aumento.

SEGURIDAD Y CALIDAD: EL ASPECTO HISTÓRICO

Lejos de mejorar, el transporte público mexicano presenta altos índices de accidentes y hechos de violencia. Incluso se han cancelado concesiones por accidentes graves. La demanda ciudadana es clara: antes de pensar en cobrar más, los concesionarios deben garantizar seguridad, unidades modernas, accesibilidad y un trato digno.


EL GOLPE SOCIAL DE UN AUMENTO.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que la pobreza sigue afectando a un tercio de la población. En municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl o Chimalhuacán, donde millones de personas dependen del transporte público para ir a trabajar o estudiar, un aumento en la tarifa representaría un retroceso social.


Los expertos afirman que aumentar la tarifa mínima por encima de 12 pesos en el Estado de México no se justifica en 2025. La inflación ya no es un factor crítico, los salarios apenas comienzan a recuperarse y los transportistas no han demostrado mejoras verificables en seguridad ni calidad. Un aumento hoy simplemente significaría cobrar más por un servicio que sigue siendo deficiente.

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Naucalpan vive ola de violencia y hechos delictivos en las últimas semanas

 

Por Jesús Carrasco / Agencia MANL 

Naucalpan, México.- En las últimas semanas, este municipio ha sido escenario de varios hechos violentos que han alertado a residentes y autoridades. Desde riñas callejeras y homicidios hasta el secuestro de un menor, la constante ha sido la inseguridad en diferentes zonas.

El video de una pelea campal grabada el sábado pasado en la comunidad de Loma Linda, donde participaron hombres y mujeres, comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes, se puede ver cómo dos grupos se enfrentan a golpes en plena vía pública, sin que las autoridades intervinieran de inmediato, lo que generó preocupación entre los habitantes de la zona.

A este hecho se sumó un ataque armado la noche del viernes en el restaurante "Barracuda", ubicado dentro del centro comercial La Cúspide, en la avenida Lomas Verdes. Según los primeros informes, un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en el lugar. Horas después, miembros de la policía municipal lograron detener al sospechoso del doble homicidio.

La violencia no es un hecho aislado. El 15 de agosto pasado, un hombre recibió varios disparos en la zona de Los Arcos y Universidad, lo que también generó movilización policial y alarma entre comerciantes y transeúntes.

Otro suceso que conmocionó a la población ocurrió en el mercado El Molinito, donde hace apenas unos días una menor fue secuestrada por una mujer. Tras un operativo, las autoridades lograron detener al presunto responsable y recuperar al niño sano y salvo, evitando así que el caso se agravara.

Además, el pasado 30 de julio se registró una riña en la base de combis de Naucalpan, incidente que también quedó documentado en videos difundidos en redes sociales. Los vecinos señalan que este tipo de hechos reflejan la falta de presencia policial y la necesidad de reforzar la seguridad en espacios públicos.

Los habitantes de Naucalpan han expresado su preocupación por la frecuencia de estos episodios violentos, que, según afirman, afectan la vida cotidiana y generan un clima de miedo e incertidumbre. Mientras tanto, las autoridades municipales permanecen operativas, aunque los residentes exigen medidas más contundentes para frenar la violencia y garantizar la seguridad de la población.

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Fiscal del Edomex enfrenta nuevo intento de juicio político por baja efectividad en casos de alto impacto y corrupción

 

* El diputado Octavio Martínez Vargas acusó al fiscal José Luis Cervantes de omisiones en homicidios, corrupción, robo millonario, espionaje ilegal y fabricación de procesos, solicitando un juicio político que podría derivar en un juicio político .


Por Editorial | Agencia MANL

Toluca, Estado de México, 15 de agosto de 2025. — La baja efectividad en el esclarecimiento de homicidios y delitos de alto impacto, así como la deficiente ejecución de las órdenes de aprehensión en casos de corrupción, han vuelto a poner bajo la lupa a José Luis Cervantes Martínez, Procurador General de Justicia del Estado de México. Estas acusaciones, ya expuestas por legisladores de diferentes bancadas en comparecencias en 2023 y 2024, motivan ahora un nuevo intento de juicio político en su contra.

El diputado Octavio Martínez Vargas presentó el miércoles pasado ante la Diputación Permanente de la LXI Legislatura un recurso de amparo para iniciar dicho procedimiento, acusando al Fiscal de incapacidad e incumplimiento de sus funciones. De ser aceptada la medida, se abriría un proceso que podría resultar en su destitución antes del final de su mandato de nueve años, que comenzó en marzo de 2022.

Casos y presuntas omisiones.

En su presentación, Martínez Vargas enumeró una serie de hechos que, según él, reflejan deficiencias en la administración de justicia:

Robo de 32 millones de pesos en el TRIJAEM: Fondos robados a través del token de seguridad del Tribunal Administrativo del Estado de México. La Fiscalía lo atribuyó a un "hackeo", pero el legislador consideró la posibilidad de un robo de vehículo sin procesar a los responsables.

Centro clandestino de videovigilancia en Ecatepec: 

Más de 600 cámaras operaban sin autorización, capturando imágenes y datos de ciudadanos, incluyendo menores, sin que se iniciaran cargos legales.

Restitución de bienes despojados: De los 7,000 bienes reportados, solo 500 han sido asegurados y 50 han sido devueltos a sus legítimos dueños, lo que equivale al 0.7% del total.

Nombramiento de altos funcionarios: 

Resaltó el nombramiento de Rubén Durán Miranda como Oficial Jefe, exfuncionario investigado por presunta evasión fiscal, con control de un presupuesto anual cercano a los 7.000 millones de pesos.

Violencia de género:

Diez años después de la primera Declaratoria de Alerta de Género en 11 municipios, criticó la falta de estrategias efectivas para reducir los feminicidios y las agresiones contra las mujeres.

Declaraciones presuntamente falsas: Estimó que unas 39.000 personas privadas de su libertad —aproximadamente el 40% de la población carcelaria estatal— podrían enfrentar cargos por delitos graves. 

Asesinatos sin resolver: 

Denunció la falta de avances en las investigaciones de los asesinatos de dos menores identificados como "Fernandito" y "Dulce".


Procedimiento legislativo.

El juicio político es un mecanismo previsto en la Constitución estatal para destituir a servidores públicos por violaciones graves a la ley, omisiones o administración indebida de recursos. La solicitud se devolverá a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que decidirá si procede su admisión.

Antecedentes: 

Cervantes Martínez fue nombrado Procurador General de la República en marzo de 2022 por mayoría calificada en el Congreso local, a propuesta del entonces gobernador Alfredo del Mazo Maza. Su trayectoria abarca más de tres décadas en el Poder Judicial de la Federación, en la administración pública estatal y como Visitador General de la propia FGJEM.

En caso de juicio político, corresponderá al Gobernador del Estado enviar un trío de candidatos para la elección del nuevo titular de la Fiscalía.

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LAS CAMPAÑAS DE LINCHAMIENTO Y USO MEDIÁTICO EN CONTRA DE PIDH A.C. Y FMVD A.C.

 

INFORME ESPECIAL | Agencia MANL 

Durante el proceso de selección para ocupar el cargo de CODHEM, y días antes de la entrevista del activista de derechos humanos y político José Humbertus Pérez Espinoza, se desataron campañas de calumnias, difamación y linchamientos mediáticos. Todas ellas fueron orquestadas por los pseudoactivistas Antonio Lara Duque y María de los Ángeles García Zambrano, miembros de las organizaciones defensoras de derechos humanos Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y el grupo de extorsionadores "Juntos por la Libertad".

Cabe señalar que los intentos de estos personajes de afectar la candidatura de José Humbertus Pérez Espinoza fracasaron.

Incluso a través de documentos públicos se demostró que las tres acusaciones de violación en su contra son falsas, siendo Antonio Lara Duque el autor intelectual de esta fallida estrategia.

La perversidad de Antonio Lara Duque y María de los Ángeles García Zambrano quedó demostrada, pues ambos utilizaron a dos jóvenes para enviarle al activista fotografías, audios y videos de violencia contra las mujeres, denigrándolas y explotándolas, a través de las redes sociales. Esto constituye una grave agresión contra las mujeres y un delito de género.

No es la primera vez que cometen este tipo de acto. Varios colegas de PIDH AC han conservado dichas pruebas: fotografías, audios y videos.

En esta ocasión, el material fue enviado a dos altos funcionarios del gobierno del Estado de México y del gobierno federal, así como a las fiscalías local y federal, para que se documentara la conducta de Antonio Lara Duque y María de los Ángeles García Zambrano.

La calumnia y la difamación fueron constantes. Buscaban desacreditar a nuestros abogados interamericanos de la Red Décadas Contra la Impunidad AC, a los sobrevivientes de la Masacre del Charco y, principalmente, difundir su estrategia en organismos públicos del Estado de México.

Quien dio crédito a estas mentiras fue Ricardo Sodi Cuellar, expresidente del PJEM, junto a su secretario técnico Jesús Elías Estrada García, quien operaba en la FGJEM.

Jesús Elías Estrada García manipuló órdenes de aprehensión en dos carpetas fabricadas por el delito de violación, ejecutándolas en fechas en las que el activista José Humbertus tenía programados viajes a organismos interamericanos para denunciar la fabricación de crímenes y la existencia de falsos culpables en México.

El pasado jueves 7 de agosto del presente año, Antonio Lara Duque y María de los Ángeles García Zambrano (esta última presentándose como víctima) acudieron a la Secretaría de Gobernación, supuestamente para apoyar la libertad de Kenia Hernández.

En realidad, aprovecharon esta pequeña manifestación para reanudar sus falsas acusaciones. Nuestros movimientos han iniciado acciones legales para detener a estos extorsionadores y a quienes viven el dolor y el sufrimiento de las familias de la PPLS.

La verdad no se puede ocultar: la alianza entre Antonio Lara Duque, María de los Ángeles García Zambrano, Ricardo Sodi Cuellar y Jesús Elías Estrada García duró muy poco.

Como resultado, estos falsos "colectivos" han quedado expuestos como parte de la fabricación de delitos, apoyando la corrupción y la opacidad en el uso de los recursos públicos del PJEM. Esto quedó evidenciado en el Recurso de Revisión 01254/INFOEM/IP/RR/2024.

El Recurso de Revisión 01254/INFOEM/IP/RR/2024, Sujeto Obligado: Poder Judicial; Promotor: José Humbertus Pérez Espinoza; Comisionado Ponente: Guadalupe Ramírez Peña, fue resuelto en el Trigésimo Quinto Periodo Ordinario de Sesiones celebrado el día 3 de octubre de 2024, con aprobación unánime.

CON INFORMACIÓN DE LA FMVD Y LA PIDH

Naucalpan presume “modelo de seguridad” pese a que sigue entre los municipios con mayor percepción de inseguridad del país

 

Por Redacción| Agencia MANL 

Naucalpan, Méx., 11 de agosto de 2025. – Aunque el gobierno municipal que encabeza Isaac Montoya Márquez asegura que Naucalpan “da un paso histórico” al ser el primer municipio en celebrar la llamada Jornada de Convivencia Comunitaria, los indicadores oficiales revelan que la inseguridad sigue siendo uno de los problemas más graves y persistentes para sus habitantes.

En el evento, el alcalde afirmó que la estrategia permitirá “recuperar la paz” y convertirse en un modelo nacional en seguridad, justicia y coordinación institucional. Sin embargo, cifras del INEGI señalan que, en el segundo trimestre de 2025, el 82.4% de la población de Naucalpan se siente insegura —apenas una reducción de siete puntos respecto al 89.6% de 2024—, lo que mantiene al municipio por encima de la media nacional, que es del 60.5%.

Además, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que, de enero a junio de 2025, Naucalpan registró más de 6,800 delitos denunciados, entre ellos 520 robos con violencia, 130 homicidios dolosos y un incremento del 11% en violaciones en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto cuestiona la afirmación de una “reducción significativa” en delitos de alto impacto.

El gobierno municipal presume la compra de 250 patrullas, la contratación de 200 nuevos elementos para la Guardia Municipal y la instalación de 600 cámaras de videovigilancia, así como el rescate de 25 Tecallis que funcionarán como C2. No obstante, informes de la propia Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de México han advertido que en ejercicios previos, equipos y patrullas adquiridas no contaban con mantenimiento adecuado ni con registro claro de su operación, lo que podría repetirse si no se transparenta su uso.

En cuanto a la nueva “Policía Ética”, especialistas en seguridad advierten que, sin una unidad interna de asuntos internos con autonomía real, este tipo de medidas suelen quedar en el discurso y no logran erradicar la corrupción policial.

El alcalde también anunció la construcción de un nuevo C4 y la implementación del programa REMUS para vincular a vecinos con autoridades. Sin embargo, habitantes de colonias como San Rafael Chamapa, Lomas Verdes y El Molinito denuncian que, pese a estos anuncios, siguen sin patrullajes permanentes y con tiempos de respuesta que superan los 20 minutos en emergencias, de acuerdo con reportes ciudadanos recopilados por organizaciones locales.

Mientras la administración municipal destaca este acto como ejemplo de proximidad ciudadana, los datos oficiales y la percepción social evidencian que Naucalpan aún enfrenta un reto mayúsculo para dejar de figurar en los primeros lugares de inseguridad en el Estado de México y en el país.

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Delfina Gómez admite que a su gobierno “le falta mucho” tras feminicidio infantil en Chalco

 

Por Redacción | Agencia MANL

Chalco, Edoméx. — Colectivos feministas y vecinos del municipio de Chalco exigieron justicia por el asesinato de Dulce, una niña de 12 años que fue atacada el 12 de agosto, mientras la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la alcaldesa local participaban en la inauguración de un centro de atención para mujeres.

Durante el evento, Gómez Álvarez reconoció públicamente que a su administración “le falta mucho” y que es consciente de que “todavía tenemos que trabajar más para regresar la tranquilidad y la paz a las mujeres mexiquenses, en especial a los niños y las niñas”. Con la voz entrecortada y visiblemente conmovida, pidió no olvidar el caso de Fernando, un niño asesinado en Los Reyes La Paz, ni el de Dulce, cuya muerte conmocionó a Chalco.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el cuerpo de Dulce fue localizado en la vía pública con signos de violencia. El caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.

Las manifestantes señalaron que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a junio de 2025 se han registrado en el Estado de México 56 presuntos feminicidios, de los cuales al menos 6 corresponden a menores de edad. Chalco se ubica entre los municipios con mayores índices de violencia de género en la entidad, junto con Toluca, Ecatepec y Valle de Chalco.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en más del 80% de los casos de niñas y adolescentes víctimas de feminicidio en el país, los agresores son personas conocidas por la víctima o integrantes de su círculo cercano, lo que dificulta la prevención y aumenta la vulnerabilidad de este sector.

Durante la protesta, los colectivos cuestionaron la pertinencia de inaugurar infraestructura enfocada en la atención a mujeres mientras, señalaron, “la violencia contra niñas y adolescentes sigue en aumento y las acciones preventivas no muestran resultados visibles”. También exigieron más recursos para seguridad pública, atención psicológica y programas de prevención en escuelas.

La FGJEM informó que se realizan operativos para localizar al probable responsable y recabar pruebas periciales que permitan esclarecer el caso y fincar responsabilidades.
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