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Por Redacción | Agencia MANL
Ecatepec, Méx. – En tribuna, el diputado local Octavio Martínez Vargas lanzó un severo señalamiento sobre el manejo de recursos en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de México, al exigir que se investigue a fondo la dispersión de 32 millones de pesos realizada el 1 de diciembre de 2023, presuntamente autorizada desde el interior del órgano y hasta ahora sin esclarecerse.
El legislador recordó que el TJA adquirió autonomía financiera plena a partir del 1 de enero de 2023, con la responsabilidad exclusiva de administrar su presupuesto, de acuerdo con la Ley Orgánica del propio tribunal. Sin embargo, denunció que a casi 20 meses de distancia, la Fiscalía mexiquense no ha avanzado en esclarecer el destino del dinero ni en deslindar responsabilidades.
De acuerdo con los datos expuestos, la dispersión de recursos fue ejecutada vía transferencia electrónica con token, un procedimiento que solo puede ser autorizado por personal previamente registrado ante la institución bancaria. El diputado señaló directamente a Tomás Delgado, administrador del tribunal y colaborador cercano del entonces magistrado presidente Gerardo Becker Ania, como el operador de la transacción.
A pesar de que Becker Ania, interpuso una denuncia tres días después, bajo el argumento de que el tribunal había sido víctima de un hackeo, Martínez Vargas cuestionó la versión oficial al subrayar que la operación quedó registrada con hora, cuentas destino y datos de ejecución en los sistemas bancarios.
El legislador criticó la inacción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), encabezada por José Luis Cervantes, a quien acusó de omisión y complicidad por no citar a declarar ni al magistrado Becker Ania, ni al administrador señalado, ni rastrear las cuentas receptoras del dinero. En contraste, resaltó, existen personas encarceladas por delitos menores como el robo de alimentos, mientras un caso de presunta corrupción millonaria permanece sin resultados.
Martínez sostuvo que el Tribunal de Justicia Administrativa, órgano encargado de sancionar faltas graves de servidores públicos, incurre en una contradicción al ser ahora protagonista de un posible desfalco. Además, advirtió que el próximo 5 de septiembre, con la entrada del nuevo Poder Judicial y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, este caso será una “prueba de fuego” para demostrar si habrá un cambio real en la impartición de justicia.
“El eje número uno del plan de desarrollo de nuestra gobernadora es cero corrupción. Si no hay justicia en el robo de 32 millones, se estaría confirmando la continuidad de un sistema protector de intereses políticos y no de la ciudadanía”, sentenció.
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