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El Tecladista | Agencia MANL
A Contraluz
COLUMNA ESPECIAL
Cuando se trata de justicia administrativa, lo primero que debería existir es orden y transparencia. Sin embargo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) se encuentra bajo la sombra de un escándalo: más de 32 millones de pesos se movieron en 29 transferencias electrónicas sin control, sin alarma y, lo más grave, sin responsables claros.
El caso exhibe fallas en tres frentes: un Tribunal que no supo resguardar sus propios recursos; un banco que no detectó operaciones millonarias en cuestión de horas; y una Fiscalía que parece reducir todo a un expediente de “abuso de confianza”, cuando los hechos apuntan a algo mayor: peculado, colusión o complicidad institucional.
Mientras tanto, el director de administración del Tribunal aparece como un actor periférico, cuando su token y su cargo lo colocan en el centro del huracán. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? ¿Por qué la indagatoria no lo toca con la misma fuerza que al exjefe de departamento ya vinculado a proceso?
Y como si no bastara, un grupo retuvo a empleados en el Tribunal el pasado 1 de septiembre, un hecho que abre más preguntas que respuestas. ¿Ciudadanos indignados o presiones internas para silenciar voces y encubrir culpas?
En este episodio, lo verdaderamente grave no es solo el dinero “perdido y restituido”, sino la evidencia de que las instituciones encargadas de impartir justicia y vigilar recursos públicos también son vulnerables al desorden y la opacidad.
A contraluz, el TRIJAEM refleja más sombras que certezas. Y la pregunta que persiste es sencilla pero incómoda: si no puede garantizar la transparencia en casa, ¿cómo puede garantizar justicia para la ciudadanía?
— El Tecladista de Agencia MANL
