Diputado Octavio Martínez cuestiona informe del Poder Judicial mexiquense en medio de críticas por prisiones injustas

 

Por el equipo editorial | Agencia MANL

Toluca, México, 26 de agosto de 2025.- El diputado local Octavio Martínez Vargas lanzó un duro cuestionamiento contra el presidente del Poder Judicial del Estado de México, al señalar que no hay resultados positivos que garanticen justicia para la sociedad, y anticipó que no asistirá al informe de trabajo que se realizará este martes 26 de agosto.

El legislador sostuvo que miles de personas permanecen privadas de su libertad como resultado de carpetas de investigación “fabricadas”, lo que evidencia -dijo- una crisis de confianza en el sistema judicial mexicano.

"¿Qué resultados positivos puede ofrecer a la sociedad el actual presidente del Poder Judicial del Estado de México? Obviamente no atenderé el informe de quienes tienen a miles de inocentes en prisión, víctimas de expedientes de investigación falsificados", dijo.

Martínez Vargas agregó que resulta incongruente que el Poder Judicial realice un informe de labores mientras persistan denuncias de irregularidades, corrupción y violaciones al debido proceso.

Al mismo tiempo, el legislador destacó como un hecho positivo el relevo de 91 jueces en la entidad, quienes asumirán funciones a partir del próximo 1 de septiembre. Según él, esta renovación representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de justicia más transparente y cercano a la ciudadanía.

Cabe destacar que el Poder Judicial del Estado de México enfrenta actualmente críticas por parte de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes han denunciado irregularidades en los procesos penales y deficiencias en la impartición de justicia.

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Presunto desvío millonario en el TRIJAEM habría ocurrido durante gestión de Raúl Santos Valdez y Gerardo Becker Anía

 

Por Redacción | Agencia MANL

Toluca, Méx., 26 de agosto de 2025.– Presuntamente, un desvío por más de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) habría ocurrido durante la gestión de Raúl Santos Valdez como director de Administración y Gerardo Becker Anía como presidente del Tribunal.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Omar “N”, ex Jefe de Departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM, habría utilizado un token de seguridad para realizar 29 transferencias electrónicas sin autorización ni justificación legal, por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos. Estas operaciones habrían afectado la capacidad del Tribunal para cumplir con sus obligaciones legales y administrativas, generando un perjuicio patrimonial significativo.

La FGJEM informó que Omar “N” fue detenido recientemente en Toluca y puesto a disposición de la autoridad judicial, donde permanece bajo investigación. La Fiscalía aclaró que el detenido debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia condenatoria.

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CUSAEM: salarios bajos y pérdida de grados

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* Mantienen a los elementos descontentos durante un año del nuevo titular

Por el equipo editorial | Agencia MANL 

Toluca, Estado de México.- A un año de la llegada del nuevo titular de la Corporación Auxiliar de Seguridad del Estado de México (CUSAEM), elementos y familiares de la corporación denuncian que persisten irregularidades en sus condiciones laborales, que van desde bajos salarios hasta la pérdida de títulos profesionales, pese a la implementación de un plan de “profesionalización” al interior de la institución.

Bajo condición de anonimato, un familiar declaró a la Agencia MANL: «Mi padre era oficial A y lo degradaron a guardia B. Los demás fueron degradados a guardia C. Además, no pueden tomar vacaciones y no reciben la bonificación vacacional que les corresponde por ley».

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La tabulación salarial proporcionada por los mismos elementos revela la magnitud de la inconformidad. Un Guardia C recibe un salario neto mensual de tan solo 8,475 pesos, mientras que un Oficial A armado recibe 10,870 pesos, una cifra considerada insuficiente incluso en comparación con las empresas privadas que exigen menos preparación académica y experiencia. Para los oficiales con título universitario, los salarios netos quincenales oscilan entre 12,370 y 12,870 pesos, cantidades que los trabajadores describen como "una miseria" en comparación con sus responsabilidades y formación.

Datos clave:

Guardia C: $8,475 netos mensuales

Oficial armado A: $10,870 netos 

Oficiales con título universitario: $12,370 – $12,870 quincenal

El plan de profesionalización presentado por la corporación detalla cursos avanzados, intermedios y básicos según el grado: los oficiales y comandantes deben cumplir con programas de supervisión, escolta, custodia y armados, además de estudios en seguridad pública o similares. Sin embargo, los elementos cuestionan que estos programas no se reflejen en mejores condiciones laborales ni en aumentos salariales justos.

Recientemente, el Secretario de Seguridad del Estado de México visitó las instalaciones del CUSAEM para inaugurar la remodelación del hospital interno de la corporación, la cual se anunció como un gran avance. Sin embargo, los trabajadores aseguran que estas acciones no tienen un impacto directo en los problemas subyacentes: bajos salarios, obstáculos para obtener vacaciones y retrasos en la regularización de títulos profesionales.

Foto especial

Quejas:

Degradación de grados (Ej: Oficial A → Guardia B)

Obstáculos para las vacaciones

Bono de vacaciones no recibido

Profesionalización que no se refleja en mejoras salariales

Ante esta situación, los quejosos han anunciado la posible organización de una protesta en el centro de Toluca, para exigir al gobierno local y estatal soluciones concretas, el cumplimiento de los derechos laborales y un avance real en la profesionalización de la corporación.

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Por Jesús Carrasco | Agencia MANL



Ecatepec, Méx., 17 de septiembre de 2025 — Cinco cateos simultáneos en inmuebles de Santa María Chiconautla, Ecatepec, revelaron la magnitud del presunto poder económico y criminal de Guillermo Fragoso Báez, conocido como “El Memo” o “El Jefe”, líder de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).



En los operativos, coordinados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), fueron aseguradas armas de alto calibre, drogas, 15 caballos de raza pura sangre, así como un lobo y un coyote que permanecían en las propiedades.



El hallazgo derivó en la orden de aprehensión librada contra Fragoso Báez, acusado de delincuencia organizada, homicidio, secuestro, narcomenudeo, extorsión, huachicoleo, despojo de predios y tráfico de armas. La investigación, registrada bajo la carpeta FED/FEMDO/UEIDM-MEX/0000421/2024, lo vincula además con “La Familia Michoacana”, “Los Mayas”, el Sindicato 22 de Octubre, el Sindicato 25 de Marzo y la organización delictiva conocida como la Chokiza.



De acuerdo con las pesquisas de fiscalía, el dirigente sindical cobraba hasta 30 mil pesos mensuales a narcomenudistas de la región y mantenía un esquema de extorsiones contra tianguistas, mototaxistas y comerciantes. También se le señala por su presunta participación en el despojo de alrededor de 700 propiedades en el oriente mexiquense.



Fragoso Báez no es ajeno a la política local: fue regidor durante la primera administración de Fernando Vilchis Contreras (2019-2021), actual diputado federal y entonces alcalde de Ecatepec. Especialistas en la política local aseguran que "su papel en el cabildo le otorgó influencia" que, según versiones de vecinos y comerciantes, consolidó la expansión de sus operaciones ilegales en el municipio más poblado del Estado de México.



Actualmente, el líder de la USON permanece prófugo desde hace una semana, tras los cateos que dejaron al descubierto parte de sus bienes y la red delictiva con la que se le vincula. Autoridades federales y estatales mantienen un operativo de búsqueda para su captura.



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El Tecladista  | Agencia MANL 

 A Contraluz

COLUMNA ESPECIAL 

Cuando se trata de justicia administrativa, lo primero que debería existir es orden y transparencia. Sin embargo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) se encuentra bajo la sombra de un escándalo: más de 32 millones de pesos se movieron en 29 transferencias electrónicas sin control, sin alarma y, lo más grave, sin responsables claros.

El caso exhibe fallas en tres frentes: un Tribunal que no supo resguardar sus propios recursos; un banco que no detectó operaciones millonarias en cuestión de horas; y una Fiscalía que parece reducir todo a un expediente de “abuso de confianza”, cuando los hechos apuntan a algo mayor: peculado, colusión o complicidad institucional.

Mientras tanto, el director de administración del Tribunal aparece como un actor periférico, cuando su token y su cargo lo colocan en el centro del huracán. ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? ¿Por qué la indagatoria no lo toca con la misma fuerza que al exjefe de departamento ya vinculado a proceso?

Y como si no bastara, un grupo retuvo a empleados en el Tribunal el pasado 1 de septiembre, un hecho que abre más preguntas que respuestas. ¿Ciudadanos indignados o presiones internas para silenciar voces y encubrir culpas?

En este episodio, lo verdaderamente grave no es solo el dinero “perdido y restituido”, sino la evidencia de que las instituciones encargadas de impartir justicia y vigilar recursos públicos también son vulnerables al desorden y la opacidad.

A contraluz, el TRIJAEM refleja más sombras que certezas. Y la pregunta que persiste es sencilla pero incómoda: si no puede garantizar la transparencia en casa, ¿cómo puede garantizar justicia para la ciudadanía?

— El Tecladista de Agencia MANL

Pleno del Congreso del Estado de México discute transitorio polémico en la Reforma Judicial

  

Por el equipo editorial | Agencia MANL

Toluca, Estado de México, a 2 de septiembre de 2025.— Durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso estatal, el diputado local Octavio Martínez Vargas llamó la atención sobre la necesidad de adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial, al señalar que el artículo décimo segundo transitorio de la iniciativa de 381 artículos y 16 transitorios “no es concordante con la naturaleza de la Reforma Constitucional recientemente aprobada”.

En su discurso, Martínez Vargas recordó que la reforma establece que los 91 jueces electos rendirán protesta el próximo viernes 5 de septiembre, cumpliendo con los procedimientos establecidos desde enero de este año: la convocatoria, la Comisión de Evaluación, el expediente y el juicio político se desarrollaron conforme a los plazos constitucionales. "Lo que se discute hoy no es un asunto de última hora; ha sido un proceso que se ha seguido al pie de la letra", enfatizó.

El legislador propuso eliminar el artículo transitorio mencionado, argumentando que desvincula la ley de reforma, que garantiza que los jueces sean elegidos por voto libre y secreto de la ciudadanía y no designados por un órgano administrativo. Martínez Vargas defendió la trayectoria del magistrado Héctor Macedo, señalando que su rol al frente del Poder Judicial durante los dos primeros años será clave para garantizar una justicia accesible, profesional y cercana a la ciudadanía.

Durante su intervención, el diputado también enfatizó la importancia de que la reforma proteja a los sectores más vulnerables: personas humildes, con capacidades diferentes, de origen afromexicano o con acceso limitado a la defensa jurídica, asegurando que “nunca más en este estado habrá una persona inocente en prisión por decisiones injustas”.

Martínez Vargas concluyó haciendo un llamado a sus colegas para que el pleno considere eliminar el artículo transitorio 12, para que la ley solo tenga 15 artículos transitorios y 381 artículos, en consonancia con la naturaleza constitucional y el proceso electoral de los magistrados.

La sesión dejó claro que la discusión sobre la alineación entre la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Reforma Constitucional será un tema central en los próximos días, en un contexto en que 380 jueces y 28 magistrados se renovarán en la elección ordinaria prevista para junio de 2027.

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Comunidades indígenas exigen transparencia en caso de presunto desvío en el TRIJAEM

 

Por Redacción | Agencia MANL

Almoloya de Juárez, México, 1 de septiembre de 2025. — Representantes de San Francisco y San Miguel Oxtotilpan se manifestaron pacíficamente frente a los juzgados de Santiaguito para exigir imparcialidad en el proceso judicial contra Omar Esquivel López, acusado de un presunto desvío de 32 millones 482 mil pesos del Tribunal Administrativo del Estado de México (TRIJAEM). La defensa sostiene que el exadministrador es tratado como chivo expiatorio, mientras que los responsables con facultades de autorización permanecen impunes.

DESARROLLO DEL CASO:

Esquivel López fue detenido el 26 de agosto de 2025 en Toluca y se encuentra en prisión preventiva desde entonces. La Fiscalía lo acusa de abuso de confianza por operaciones bancarias realizadas el 1 de diciembre de 2023, a pesar de que la defensa presentó pruebas de su arraigo en Toluca y antecedentes que lo ubican en funciones administrativas sin acceso a la autorización para dispersar recursos.
Edomex.

LA RED BANCARIA

Documentos oficiales confirman que Esquivel operaba como usuario autorizado "003" de TRIJAEM, con acceso para consultas y movimientos. Tras la reclamación de transferencias no reconocidas, Scotiabank declaró infundada la denuncia, confirmando que las operaciones se realizaron con la contraseña y el dispositivo de clave electrónica del tribunal. Sin embargo, el banco reembolsó el importe total bajo el concepto de "decisión comercial", pagando más de 32 millones de pesos a la cuenta institucional, una contradicción que alimenta la defensa sobre irregularidades en la investigación.


RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES OMITIDAS

El 13 de enero de 2023, Gerardo Becker asumió la presidencia de TRIJAEM y nombró a Tomás Delgado como director de administración, el único funcionario con autoridad contractual para distribuir recursos a través del token institucional. Según los registros, el 1 de diciembre de 2023, se distribuyeron 32 millones a 28 cuentas, técnicamente avaladas por Delgado. Sin embargo, el 4 de diciembre, Becker denunció un presunto hackeo ante la Fiscalía.

Veintiún meses después de los hechos, ni Becker ni Delgado han sido citados a declarar, ni se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los beneficiarios de las transferencias. La defensa, apoyada por el diputado Octavio Martínez Vargas, denuncia una investigación parcial y selectiva.

VOCES DE RESISTENCIA

Silvia Verónica Villela Cima, esposa del imputado y representante indígena de San Francisco Oxtotilpan, enfatizó:

> "Mi esposo está siendo señalado sin investigar a quienes tenían la facultad de autorizar los recursos. Exigimos que se respete su integridad física y el debido proceso. Esta movilización es pacífica, pero es un acto de vigilancia ciudadana contra una Fiscalía que no ha actuado con transparencia".


DEMANDAS DE LA DEFENSA

El equipo legal exige:

1. Garantías de integridad dentro del penal de Santiaguito.


2. Reubicación en una zona de servidores públicos mientras dure el proceso.


3. Citación de todos los sospechosos involucrados y trazabilidad de los recursos dispersos.


4. Escalada a nivel federal si persiste la falta de diligencia ministerial.

OBSERVACIONES CRÍTICAS.

La defensa presentó pruebas documentales y en video que buscan exonerar a Esquivel. Sin embargo, la principal señal apunta a la Fiscalía mexicana, que ha omitido citar a los verdaderos funcionarios administrativos, evidenciando un proceso plagado de omisiones y posibles intereses políticos.

La pregunta que queda abierta es si la justicia en el Estado de México se aplicará con imparcialidad o si este caso será recordado como otro ejemplo de persecución contra funcionarios de menor rango mientras los altos mandos permanecen al margen de la ley.


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