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viernes, 9 de octubre de 2026

Ecatepec 2027: Duarte, la Fiscalía y el caso de la Central de Abasto

 




Por el equipo editorial | Agencia MANL 


Ecatepec, Estado de México.— La sucesión de Ecatepec hacia 2027 comienza a atravesar tres terrenos que hasta ahora podían observarse por separado: la disputa interna por Morena, la agenda de seguridad y la acción de la Fiscalía General de la República del Estado de México (FGJEM).


En esa intersección aparece el diputado local Octavio Martínez Vargas, quien actualmente no impulsa su propia candidatura a la alcaldía y ha expresado su apoyo a la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss en caso de que busque la reelección. Sin embargo, su trayectoria política y su cargo como presidente de la Junta Directiva de la Central de Abasto de Ecatepec lo mantienen dentro del panorama político municipal.


Frente a ese espacio aparece una representante local del Distrito XLII, cuya actividad política ha sido vinculada públicamente al entorno de Horacio Duarte Olivares , Secretario General del Gobierno del Estado de México. Su presencia territorial y su actividad política forman parte del contexto, pero hasta el momento no existen suficientes elementos para presentarla como una candidata con méritos relevantes o una candidatura consolidada a la alcaldía de Ecatepec.


Duarte y la diputada: acompañamiento público

La diputada llegó al Congreso mexicano en 2024. Antes de eso, formó parte del equipo de logística y avanzada de la campaña de Delfina Gómez.


En abril de 2024, el periodista Juan Lázaro la identificó como miembro de Humanismo Mexiquense y la vinculó políticamente con Duarte. Esta es una caracterización periodística, no un nombramiento oficial de Morena.


Existen hechos públicos verificables.


El 8 de noviembre de 2025 , Duarte asistió al primer informe legislativo de la diputada en Ecatepec y reconoció su labor.


En mayo de 2026, la acompañó nuevamente durante la rehabilitación del Parque Las Rampas y afirmó que el gobierno estatal continuaría apoyando las iniciativas de la legisladora.


Estos hechos documentan el acompañamiento público de Duarte a la diputada en actividades políticas y territoriales . Hasta el momento, no existe ninguna resolución de Morena que la designe como candidata para 2027 ni elementos públicos que permitan posicionarla como figura central en la sucesión municipal.


El discurso contra la extorsión


El 1 de septiembre de 2026 , la presidenta estatal de Morena, Luz María Hernández , advirtió que ni siquiera ganar unas elecciones garantizaría una candidatura si el candidato tenía vínculos con grupos de dudosa reputación o antecedentes que el partido considerara incompatibles. Asimismo, señaló que los casos con posibles delitos debían ser determinados por las autoridades competentes.


En ese mismo contexto, la diputada pronunció un discurso ante el Congreso centrado en la lucha contra la extorsión.

Sin mencionar nombres, sostuvo que las investigaciones deben alcanzar a personas involucradas en actividades de extorsión, incluso si tienen o tuvieron cargos públicos. También habló de cobros, presiones para poder trabajar y prácticas relacionadas con mercados, negocios, tianguis, bases de taxis y centrales de abasto.


La legisladora mencionó además más de 80 órdenes de aprehensión. Esa cifra debe mantenerse como una declaración de la diputada mientras no exista documentación oficial que permita establecer con precisión su origen, periodo y alcance.


La Central de Abasto entra en escena


El 9 de septiembre, la FGJEM informó que, a partir de 13 denuncias y seis meses de investigación, había judicializado a diez personas por delitos como extorsión, secuestro, robo con violencia, despojo y narcomenudeo relacionados, según la Fiscalía, en  el interior y las inmediaciones de la Central de Abasto de Ecatepec.


La Fiscalía también hizo referencia a integrantes del Consejo de Administración de la organización que administra la Central dentro de la información relacionada con la investigación.


Un dato resulta indispensable para no distorsionar la historia: en el comunicado público de la Fiscalía revisado para esta investigación, Octavio Martínez no aparece señalado como imputado.


Martínez, quien preside el Consejo Directivo de la Central, respondió al día siguiente desde el Congreso. Afirmó que ninguna de las diez detenciones había ocurrido dentro de la Central y cuestionó diversos aspectos del comunicado de la Fiscalía.


Posteriormente, la Central de Abasto rechazó públicamente las acusaciones de la Fiscalía. En una asamblea realizada en septiembre, comerciantes, productores y condóminos manifestaron que no se consideraban víctimas de extorsión dentro de las instalaciones y que no identificaban al presunto operador señalado por la Fiscalía.


El acto contó, según la información difundida por la propia Central, con fedatarios públicos, representantes de seguridad y autoridades de derechos humanos.

Esta versión corresponde a los comerciantes y a la representación de la Central y no sustituye las investigaciones ministeriales ni las determinaciones judiciales.


Un conflicto que ya tenía antecedentes

El enfrentamiento público entre Martínez y la Fiscalía no comenzó con la investigación de septiembre.

En 2025, el diputado promovió acciones contra el desempeño de la Fiscalía y cuestionó públicamente al fiscal José Luis Cervantes Martínez.


También impulsó propuestas legislativas relacionadas con la procuración de justicia, entre ellas una iniciativa sobre conductas relacionadas con la llamada fabricación de delitos y posteriormente una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía.


Los documentos legislativos y las declaraciones públicas acreditan esas iniciativas y críticas. No acreditan, por sí mismos, que hayan sido dirigidas personalmente contra Cervantes como parte de una estrategia política.


Otro episodio cuestionado públicamente por Martínez fue la permanencia de Rubén Durán Miranda como Oficial Mayor de la FGJEM. Durán renunció en noviembre de 2024, después de enfrentar un proceso federal relacionado con hechos de su etapa laboral en el SAT. La renuncia fue aceptada por el fiscal Cervantes.


Estos antecedentes permiten establecer que el conflicto público entre Martínez y la titularidad de la Fiscalía es previo al caso de la Central de Abasto.


Duarte y Cervantes: una conexión institucional


A este escenario se suma un elemento institucional: Horacio Duarte y José Luis Cervantes han participado en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, junto con autoridades de seguridad.


La coincidencia dentro de ese mecanismo demuestra coordinación institucional en materia de seguridad, pero no demuestra por sí misma que Duarte intervenga en investigaciones de la Fiscalía ni que exista una instrucción política contra Martínez.


Duarte ha acompañado públicamente a la diputada; ella ha desarrollado un discurso legislativo contra la extorsión que incluye referencias a centrales de abasto; la Fiscalía informó de una investigación relacionada con la Central de Abasto de Ecatepec; Martínez, presidente del organismo, cuestionó públicamente a la Fiscalía; y el diputado ya mantenía antecedentes de denuncia pública contra la institución.


La hipótesis política

Es aquí donde surge una pregunta que todavía no puede presentarse como un hecho probado.


Martínez no ha anunciado actualmente una candidatura propia y respalda una eventual reelección de Azucena Cisneros. Al mismo tiempo, mantiene una presencia política y legislativa relevante en Ecatepec.


La diputada, por su parte, ha tenido acompañamiento público de Duarte en distintas actividades, aunque su presencia territorial y sus méritos políticos no permiten ubicarla, por ahora, como una aspirante consolidada a la alcaldía, pese al apoyo discrecional y público del funcionario estatal.


En ese contexto puede plantearse una hipótesis: si la disputa por la candidatura de Morena rumbo a 2027 termina involucrando a Martínez y a la legisladora, cualquier investigación, acusación o narrativa pública relacionada con la Central de Abasto podría tener efectos políticos, aun cuando actualmente no exista una imputación pública contra Martínez.


Pero esa hipótesis no demuestra que exista una estrategia para impedirle competir ni que la diputada sea actualmente una contendiente central por la alcaldía.


Lo que sí existe es una secuencia documentable que permite formular una pregunta de fondo:

¿Se trata únicamente de una agenda de seguridad que coincide con la disputa política por Ecatepec, o los efectos de las investigaciones podrían terminar influyendo en la selección de candidaturas de Morena?

Responderla requiere algo más que coincidencias políticas.

Será necesario revisar los expedientes de la Fiscalía, las actuaciones judiciales, las denuncias que originaron la investigación de la Central, la documentación de las Mesas de Paz y la información oficial que permita corroborar las cifras mencionadas por la diputada.


Por ahora, el dato central es concreto: la Fiscalía no señala públicamente a Octavio Martínez como imputado en el comunicado revisado sobre la investigación de la Central de Abasto, pero el organismo que preside quedó colocado en el centro de una investigación por delitos como extorsión, mientras el diputado mantiene un conflicto público previo con la institución.


Ese cruce entre seguridad, Fiscalía, Central de Abasto y sucesión política de Ecatepec es el que merece ser investigado.


En Ecatepec, la pregunta no es menor: ¿estamos ante una investigación de seguridad que seguirá su curso institucional o ante un caso que terminará impactando la disputa interna de Morena rumbo a 2027?


Hasta ahora hay hechos, declaraciones e historia documentable; también hay hipótesis políticas, pero ninguna evidencia concluyente de una operación electoral y tampoco prueban que no se estén fabricando pruebas para incriminar a inocentes y a la Central de Abastos de Ecatepec.


martes, 6 de octubre de 2026

OSFEM pone bajo lupa 1,384 millones de pesos del gobierno de Delfina

  


Por Redacción | Agencia MANL


Toluca, Méx.— Más de 1,384 millones de pesos ejercidos en 2024 por Comunicación Social y Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México quedaron bajo observación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que detectó deficiencias en procedimientos de contratación, estudios de mercado, suficiencia presupuestal y comprobación del gasto.

La Coordinación General de Comunicación Social ejerció 668.9 millones de pesos, después de que su presupuesto aprobado de 180.2 millones fuera modificado hasta superar los 680 millones. La auditoría revisó una muestra de 414.4 millones.

En la partida de publicidad y propaganda, el OSFEM reportó 70 resultados y 302 observaciones. Los señalamientos incluyen falta de estudios de mercado, problemas para acreditar procedimientos de contratación y documentación insuficiente para demostrar la recepción, uso y destino de determinados servicios.

No es un expediente aislado. En la Cuenta Pública 2023, Comunicación Social acumuló 219 observaciones, de acuerdo con el OSFEM. El organismo había señalado entonces problemas relacionados con procedimientos adquisitivos y estudios de mercado.

La pregunta es inevitable: ¿qué cambió después de esas observaciones y por qué la revisión de 2024 volvió a encontrar deficiencias?

La Oficialía Mayor también quedó bajo la lupa. Su Dirección de Recursos Materiales ejerció 716 millones de pesos durante 2024, frente a un presupuesto aprobado de 429.2 millones que posteriormente fue modificado hasta 718 millones.

El OSFEM determinó nueve resultados y 24 observaciones en esa auditoría. Las revisiones incluyeron combustible, telefonía, equipo informático, arrendamiento de vehículos, vigilancia, limpieza y ceremonias.

En distintos procedimientos se señalaron contrataciones sin suficiencia presupuestal, ausencia de estudios de mercado y falta de documentación para acreditar cómo se realizaron determinadas adquisiciones y adjudicaciones.

El arrendamiento de vehículos y de equipo informático también presentó observaciones relacionadas con los procedimientos utilizados y la justificación de determinadas contrataciones.

La revisión de la Consejería Jurídica encontró además problemas en la Dirección General del Registro Civil. El OSFEM documentó deficiencias en procedimientos de selección, nombramiento, capacitación, evaluación y certificación de oficiales.

Las observaciones del OSFEM no equivalen por sí mismas a corrupción comprobada ni a responsabilidad penal. Son señalamientos de fiscalización que deben aclararse, solventarse o, cuando corresponda, derivar en investigaciones.

Pero los expedientes dejan una pregunta que todavía no está respondida: ¿quiénes fueron los proveedores que recibieron los contratos observados, cuánto cobraron y bajo qué procedimiento fueron seleccionados?

Ahí está la siguiente parte de la investigación.

Porque saber cuánto gastó el gobierno es apenas el primer dato. Lo importante es seguir el dinero hasta cada contrato, cada proveedor y cada pago.

viernes, 2 de octubre de 2026

Tercer Informe: ¿por qué Horacio Duarte tuvo más entrevistas que Delfina Gómez?

 



* La revisión de entrevistas directas alrededor del balance de los tres primeros años del gobierno mexiquense abre una pregunta: ¿fue una decisión editorial de los medios o existió una estrategia institucional de comunicación?


Por Redacción | Agencia MANL 


Toluca, Estado de México.— La cobertura del Tercer Informe de Gobierno tuvo a Delfina Gómez Álvarez como protagonista institucional, pero la revisión de entrevistas directas realizadas alrededor del informe arroja un dato distinto: Horacio Duarte Olivares apareció como entrevistado en más espacios periodísticos identificables para hablar del balance de los primeros tres años.

La revisión de Agencia MANL contempla únicamente entrevistas, no notas informativas, coberturas de eventos, discursos ni declaraciones recogidas durante actos públicos.

Entre las entrevistas identificadas aparecen espacios con Plana Mayor, La Crónica de Hoy, Mexiquense Noticias, Enfoque Noticias y Milenio, además de la realizada por Paco Zea. En esos encuentros, Duarte habló de seguridad, infraestructura, programas sociales, coordinación municipal, gobernabilidad y resultados de la administración.

Delfina Gómez también tuvo entrevistas y presencia mediática relacionada con su Tercer Informe, pero en el universo revisado hasta ahora el número de entrevistas directas identificadas es menor.

El dato, por sí mismo, no demuestra una estrategia política ni una instrucción de Comunicación Social. Pero sí plantea una pregunta periodística:

¿Quién decidió quién hablaría del Tercer Informe?

Hay al menos dos explicaciones posibles que deben distinguirse. Una es que los medios hayan buscado directamente a Duarte por su responsabilidad como secretario General de Gobierno. La otra es que las entrevistas hayan sido gestionadas o facilitadas desde las áreas de comunicación del Ejecutivo.

Existe además una tercera cuestión que requiere documentos y no especulación: los gobiernos contratan publicidad y comunicación institucional con medios, pero la existencia de esos esquemas comerciales no permite afirmar que una entrevista específica haya sido pagada.

Para comprobarlo habría que revisar contratos, convenios, órdenes de inserción y reportes de comunicación correspondientes a septiembre de 2026.

Por ahora, el hecho documentable es más sencillo: al hablar del Tercer Informe, Duarte tuvo una presencia importante en entrevistas periodísticas, mientras que la gobernadora tuvo menos entrevistas directas identificadas en esta revisión.

La pregunta queda abierta:

¿Fue una decisión de los medios, una estrategia de comunicación institucional o una combinación de ambas?

miércoles, 25 de marzo de 2026

Exigen justicia para María Guadalupe González Martínez: denuncian criminalización de mujeres indígenas

  


Por Redacción | Agencia MANL 


Toluca, Méx– Colectivas, activistas y familiares alzaron la voz para exigir justicia, verdad y libertad para María Guadalupe González Martínez, cuyo caso se ha convertido en un símbolo de la violencia estructural dentro del sistema de justicia mexicano.

La convocatoria, dirigida a medios de comunicación y a la sociedad en general, busca visibilizar lo que consideran una sentencia injusta contra una mujer indígena otomí, evidenciando prácticas que criminalizan la pobreza, el origen étnico y la condición de género.

El próximo viernes 20 de marzo, a las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo una movilización pacífica afuera del Palacio del Poder Judicial, donde se espera la resolución de la apelación interpuesta en su caso. Este momento es considerado clave para revertir lo que activistas califican como una grave injusticia.

La decisión estará en manos de la magistrada Verónica Carrillo Carrillo, a quien se le exige una resolución con perspectiva de derechos humanos, justicia intercultural y apego a la legalidad.

Organizaciones denunciaron que el caso refleja un patrón sistemático de exclusión y vulneración de derechos hacia mujeres indígenas, quienes enfrentan procesos judiciales marcados por discriminación y falta de acceso a una defensa adecuada.

“Su libertad no solo es un acto de justicia individual, es un precedente para miles de mujeres invisibilizadas por el sistema”, señalaron.

Finalmente, hicieron un llamado urgente a los medios para documentar, informar y amplificar esta exigencia social, subrayando que la presión pública es fundamental para garantizar rendición de cuentas.

martes, 24 de marzo de 2026

🚨 🚨 Indignación en Toluca por brutal agresión dentro de un hogar

  


* Lo sucedido no es solo un delito... es un mensaje alarmante: ni siquiera en casa se está a salvo.


Una influencer fue víctima de un violento ataque en su domicilio, un suceso que desató la ira, el miedo y las exigencias de justicia entre la ciudadanía. El caso se viralizó rápidamente y puso la inseguridad en la capital mexicana en el centro del debate.

📢 La presión social crece y apunta directamente al gobierno municipal encabezado por Ricardo Moreno, a quien señalan como responsable de la falta de resultados en materia de seguridad.

⚠️ Más allá de este caso, miles de familias se identifican con una realidad preocupante:

👉 Robos con violencia

👉 allanamientos de morada

👉 sensación constante de inseguridad

💬 Hoy la pregunta es clara:

¿Quién protege a los ciudadanos de Toluca?

Solo hay un requisito: justicia y acciones reales, no discursos.

📰 FOTO CRONISTA 

✍️ Idea original: Tiger

🤖 Imagen: IA

#Toluca #Edomex #Inseguridad #Justicia #México #Alerta #Seguridad #Noticias #Cronista 

lunes, 16 de febrero de 2026

Fracasa Unidad de Despojos en Ecatepec; más de 300 carpetas siguen sin justicia: Octavio Martínez

 




Por Redacción | Agencia MANL



Ecatepec, Méx.– La estrategia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para combatir el delito de despojo en Ecatepec fue calificada como “un rotundo fracaso” por el diputado local Octavio Martínez Vargas, quien denunció la falta de resultados de la Unidad Especializada en la materia.


El legislador sostuvo que, pese al anuncio de múltiples aseguramientos por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Despojo, en los hechos no existen avances contundentes ni responsables en prisión. Señaló que la coordinadora de la Unidad en Ecatepec, Guillermina Gómez Barrios, no ha ofrecido soluciones efectivas ante la alta incidencia de invasiones y apropiaciones ilegales de viviendas.


Como ejemplo, Martínez Vargas expuso el caso del fraccionamiento Los Héroes Ecatepec, donde existen más de 300 carpetas de investigación abiertas por despojo. Aunque la autoridad informó la recuperación de al menos una docena de inmuebles, estos fueron nuevamente invadidos, presuntamente bajo amenazas contra los propietarios.


El diputado subrayó que el problema se replica en otras unidades habitacionales y comunidades del municipio, sin que haya investigaciones sólidas, sanciones ejemplares o trabajo de campo suficiente para frenar a los grupos dedicados a estas prácticas.


Recordó que el Congreso mexiquense endureció las penas por despojo hasta 25 años de prisión; sin embargo, afirmó que en Ecatepec no hay personas detenidas ni procesos judiciales firmes que inhiban el delito.


Martínez Vargas también cuestionó la actuación del fiscal general José Luis Cervantes Martínez, al considerar que no se han resuelto los casos más graves ni se ha logrado contener el fenómeno en el Estado de México.


La problemática del despojo, advirtió, continúa afectando el patrimonio y la seguridad jurídica de cientos de familias en Ecatepec, mientras las víctimas esperan justicia.



#Ecatepec #Despojo #FGJEM #EstadoDeMéxico

#Edomex #Edoméx


lunes, 22 de septiembre de 2025

CUSAEM: salarios bajos y pérdida de grados

Foto especial 



* Mantienen a los elementos descontentos durante un año del nuevo titular


Por el equipo editorial | Agencia MANL 


Toluca, Estado de México.- A un año de la llegada del nuevo titular de la Corporación Auxiliar de Seguridad del Estado de México (CUSAEM), elementos y familiares de la corporación denuncian que persisten irregularidades en sus condiciones laborales, que van desde bajos salarios hasta la pérdida de títulos profesionales, pese a la implementación de un plan de “profesionalización” al interior de la institución.


Bajo condición de anonimato, un familiar declaró a la Agencia MANL: «Mi padre era oficial A y lo degradaron a guardia B. Los demás fueron degradados a guardia C. Además, no pueden tomar vacaciones y no reciben la bonificación vacacional que les corresponde por ley».

Foto especial


La tabulación salarial proporcionada por los mismos elementos revela la magnitud de la inconformidad. Un Guardia C recibe un salario neto mensual de tan solo 8,475 pesos, mientras que un Oficial A armado recibe 10,870 pesos, una cifra considerada insuficiente incluso en comparación con las empresas privadas que exigen menos preparación académica y experiencia. Para los oficiales con título universitario, los salarios netos quincenales oscilan entre 12,370 y 12,870 pesos, cantidades que los trabajadores describen como "una miseria" en comparación con sus responsabilidades y formación.


Datos clave:


Guardia C: $8,475 netos mensuales

Oficial armado A: $10,870 netos 

Oficiales con título universitario: $12,370 – $12,870 quincenal


El plan de profesionalización presentado por la corporación detalla cursos avanzados, intermedios y básicos según el grado: los oficiales y comandantes deben cumplir con programas de supervisión, escolta, custodia y armados, además de estudios en seguridad pública o similares. Sin embargo, los elementos cuestionan que estos programas no se reflejen en mejores condiciones laborales ni en aumentos salariales justos.



Recientemente, el Secretario de Seguridad del Estado de México visitó las instalaciones del CUSAEM para inaugurar la remodelación del hospital interno de la corporación, la cual se anunció como un gran avance. Sin embargo, los trabajadores aseguran que estas acciones no tienen un impacto directo en los problemas subyacentes: bajos salarios, obstáculos para obtener vacaciones y retrasos en la regularización de títulos profesionales.

Foto especial


Quejas:


Degradación de grados (Ej: Oficial A → Guardia B)

Obstáculos para las vacaciones

Bono de vacaciones no recibido

Profesionalización que no se refleja en mejoras salariales


Ante esta situación, los quejosos han anunciado la posible organización de una protesta en el centro de Toluca, para exigir al gobierno local y estatal soluciones concretas, el cumplimiento de los derechos laborales y un avance real en la profesionalización de la corporación.


#CUSAEM #SeguridadPública #Toluca #Edoméx #DerechosLaborales #SalariosJustos #EdoMéx

martes, 2 de septiembre de 2025

Pleno del Congreso del Estado de México discute transitorio polémico en la Reforma Judicial

  


Por el equipo editorial | Agencia MANL


Toluca, Estado de México, a 2 de septiembre de 2025.— Durante el periodo ordinario de sesiones del Congreso estatal, el diputado local Octavio Martínez Vargas llamó la atención sobre la necesidad de adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial, al señalar que el artículo décimo segundo transitorio de la iniciativa de 381 artículos y 16 transitorios “no es concordante con la naturaleza de la Reforma Constitucional recientemente aprobada”.


En su discurso, Martínez Vargas recordó que la reforma establece que los 91 jueces electos rendirán protesta el próximo viernes 5 de septiembre, cumpliendo con los procedimientos establecidos desde enero de este año: la convocatoria, la Comisión de Evaluación, el expediente y el juicio político se desarrollaron conforme a los plazos constitucionales. "Lo que se discute hoy no es un asunto de última hora; ha sido un proceso que se ha seguido al pie de la letra", enfatizó.



El legislador propuso eliminar el artículo transitorio mencionado, argumentando que desvincula la ley de reforma, que garantiza que los jueces sean elegidos por voto libre y secreto de la ciudadanía y no designados por un órgano administrativo. Martínez Vargas defendió la trayectoria del magistrado Héctor Macedo, señalando que su rol al frente del Poder Judicial durante los dos primeros años será clave para garantizar una justicia accesible, profesional y cercana a la ciudadanía.


Durante su intervención, el diputado también enfatizó la importancia de que la reforma proteja a los sectores más vulnerables: personas humildes, con capacidades diferentes, de origen afromexicano o con acceso limitado a la defensa jurídica, asegurando que “nunca más en este estado habrá una persona inocente en prisión por decisiones injustas”.


Martínez Vargas concluyó haciendo un llamado a sus colegas para que el pleno considere eliminar el artículo transitorio 12, para que la ley solo tenga 15 artículos transitorios y 381 artículos, en consonancia con la naturaleza constitucional y el proceso electoral de los magistrados.


La sesión dejó claro que la discusión sobre la alineación entre la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Reforma Constitucional será un tema central en los próximos días, en un contexto en que 380 jueces y 28 magistrados se renovarán en la elección ordinaria prevista para junio de 2027.


#PoderJudicial #ReformaJudicial #EstadoDeMéxico #CongresoEDomex #JusticiaParaTodos #ElecciónDeJueces #OctavioMartínezVargas

lunes, 1 de septiembre de 2025

Comunidades indígenas exigen transparencia en caso de presunto desvío en el TRIJAEM

 





Por Redacción | Agencia MANL

Almoloya de Juárez, México, 1 de septiembre de 2025. — Representantes de San Francisco y San Miguel Oxtotilpan se manifestaron pacíficamente frente a los juzgados de Santiaguito para exigir imparcialidad en el proceso judicial contra Omar Esquivel López, acusado de un presunto desvío de 32 millones 482 mil pesos del Tribunal Administrativo del Estado de México (TRIJAEM). La defensa sostiene que el exadministrador es tratado como chivo expiatorio, mientras que los responsables con facultades de autorización permanecen impunes.

DESARROLLO DEL CASO:

Esquivel López fue detenido el 26 de agosto de 2025 en Toluca y se encuentra en prisión preventiva desde entonces. La Fiscalía lo acusa de abuso de confianza por operaciones bancarias realizadas el 1 de diciembre de 2023, a pesar de que la defensa presentó pruebas de su arraigo en Toluca y antecedentes que lo ubican en funciones administrativas sin acceso a la autorización para dispersar recursos.
Edomex.



LA RED BANCARIA

Documentos oficiales confirman que Esquivel operaba como usuario autorizado "003" de TRIJAEM, con acceso para consultas y movimientos. Tras la reclamación de transferencias no reconocidas, Scotiabank declaró infundada la denuncia, confirmando que las operaciones se realizaron con la contraseña y el dispositivo de clave electrónica del tribunal. Sin embargo, el banco reembolsó el importe total bajo el concepto de "decisión comercial", pagando más de 32 millones de pesos a la cuenta institucional, una contradicción que alimenta la defensa sobre irregularidades en la investigación.


RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES OMITIDAS

El 13 de enero de 2023, Gerardo Becker asumió la presidencia de TRIJAEM y nombró a Tomás Delgado como director de administración, el único funcionario con autoridad contractual para distribuir recursos a través del token institucional. Según los registros, el 1 de diciembre de 2023, se distribuyeron 32 millones a 28 cuentas, técnicamente avaladas por Delgado. Sin embargo, el 4 de diciembre, Becker denunció un presunto hackeo ante la Fiscalía.

Veintiún meses después de los hechos, ni Becker ni Delgado han sido citados a declarar, ni se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los beneficiarios de las transferencias. La defensa, apoyada por el diputado Octavio Martínez Vargas, denuncia una investigación parcial y selectiva.


VOCES DE RESISTENCIA

Silvia Verónica Villela Cima, esposa del imputado y representante indígena de San Francisco Oxtotilpan, enfatizó:

> "Mi esposo está siendo señalado sin investigar a quienes tenían la facultad de autorizar los recursos. Exigimos que se respete su integridad física y el debido proceso. Esta movilización es pacífica, pero es un acto de vigilancia ciudadana contra una Fiscalía que no ha actuado con transparencia".


DEMANDAS DE LA DEFENSA

El equipo legal exige:

1. Garantías de integridad dentro del penal de Santiaguito.


2. Reubicación en una zona de servidores públicos mientras dure el proceso.


3. Citación de todos los sospechosos involucrados y trazabilidad de los recursos dispersos.


4. Escalada a nivel federal si persiste la falta de diligencia ministerial.



OBSERVACIONES CRÍTICAS.

La defensa presentó pruebas documentales y en video que buscan exonerar a Esquivel. Sin embargo, la principal señal apunta a la Fiscalía mexicana, que ha omitido citar a los verdaderos funcionarios administrativos, evidenciando un proceso plagado de omisiones y posibles intereses políticos.

La pregunta que queda abierta es si la justicia en el Estado de México se aplicará con imparcialidad o si este caso será recordado como otro ejemplo de persecución contra funcionarios de menor rango mientras los altos mandos permanecen al margen de la ley.


#TRIJAEM #Oxtotilpan #EstadoDeMéxico #Justicia #FiscalíaEdomex #Corrupción #Impunidad #Santiaguito #CasoEsquivel #Transparencia #CombateALaCorrupción #Edomex

domingo, 31 de agosto de 2025

Pueblos originarios de Temascaltepec anuncian acompañamiento solidario en audiencia del líder comunitario

 



Por el equipo editorial | Agencia MANL 


Almoloya de Juárez, México.- La señora Silvia Verónica Villela Cima convocó a la ciudadanía a participar en un acto solidario el próximo lunes 1 de septiembre, a las 9:30 horas, frente a los juzgados penales de Santiaguito, donde se llevará a cabo la audiencia de su esposo, Omar Esquivel López.


En sus redes sociales, Villela Cima explicó que se trata de un acto de presencia de los pueblos originarios de Temascaltepec, en apoyo a los integrantes de sus comunidades, quienes -denunció- han sido objeto de carpetas de investigación “sembradas y plantadas” por la Fiscalía del Estado de México.


El llamado se produce después de que, el 21 de julio de 2025, autoridades ministeriales acudieran al poblado matlatzinca de San Francisco Oxtotilpan para llevar a cabo, según el denunciante, actos de intimidación y extorsión. En dicho operativo, detalló, se habrían colocado paquetes de droga en la mina de la comunidad con la intención de involucrar a las autoridades comunales, en un acto que calificó de "corrupción en perjuicio de los pueblos indígenas".


Villela Cima defendió la integridad de su esposo, quien actualmente administra la Mina de San Miguel Oxtotilpan, y enfatizó que fue nombrado por su reputación de "intachable integridad moral". Advirtió que la Fiscalía podría estar vinculando a Esquivel López con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas durante los sucesos de julio, en los que participaron las comunidades de San Francisco Oxtotilpan, San Miguel Oxtotilpan, Mesón Viejo y San Mateo Almololoa.


En su mensaje, la mujer exigió el fin del uso de recursos públicos para fines privados, un sistema de justicia transparente, eficaz y confiable, y la protección de los derechos humanos e indígenas de los pueblos indígenas del Estado de México. Reiteró que la manifestación será pacífica y organizada, enfocada exclusivamente en apoyar a las autoridades comunitarias.


El caso de Omar Esquivel López incrementa las tensiones entre autoridades estatales y comunidades indígenas, en un contexto donde la defensa de los derechos comunales y la gestión de los recursos naturales sigue siendo un tema sensible en la región.


#DerechosIndígenas #Temascaltepec #JusticiaTransparente #AcompañamientoSolidario #EstadoDeMéxico #PueblosOriginarios

Diputado Octavio Martínez exige esclarecer presunto desvío de 32 millones en el Tribunal de Justicia Administrativa

 




Por Redacción | Agencia MANL

Ecatepec, Méx. – En tribuna, el diputado local Octavio Martínez Vargas lanzó un severo señalamiento sobre el manejo de recursos en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de México, al exigir que se investigue a fondo la dispersión de 32 millones de pesos realizada el 1 de diciembre de 2023, presuntamente autorizada desde el interior del órgano y hasta ahora sin esclarecerse.

El legislador recordó que el TJA adquirió autonomía financiera plena a partir del 1 de enero de 2023, con la responsabilidad exclusiva de administrar su presupuesto, de acuerdo con la Ley Orgánica del propio tribunal. Sin embargo, denunció que a casi 20 meses de distancia, la Fiscalía mexiquense no ha avanzado en esclarecer el destino del dinero ni en deslindar responsabilidades.

De acuerdo con los datos expuestos, la dispersión de recursos fue ejecutada vía transferencia electrónica con token, un procedimiento que solo puede ser autorizado por personal previamente registrado ante la institución bancaria. El diputado señaló directamente a Tomás Delgado, administrador del tribunal y colaborador cercano del entonces magistrado presidente Gerardo Becker Ania, como el operador de la transacción.

A pesar de que Becker Ania, interpuso una denuncia tres días después, bajo el argumento de que el tribunal había sido víctima de un hackeo, Martínez Vargas cuestionó la versión oficial al subrayar que la operación quedó registrada con hora, cuentas destino y datos de ejecución en los sistemas bancarios.

El legislador criticó la inacción de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), encabezada por José Luis Cervantes, a quien acusó de omisión y complicidad por no citar a declarar ni al magistrado Becker Ania, ni al administrador señalado, ni rastrear las cuentas receptoras del dinero. En contraste, resaltó, existen personas encarceladas por delitos menores como el robo de alimentos, mientras un caso de presunta corrupción millonaria permanece sin resultados.

Martínez sostuvo que el Tribunal de Justicia Administrativa, órgano encargado de sancionar faltas graves de servidores públicos, incurre en una contradicción al ser ahora protagonista de un posible desfalco. Además, advirtió que el próximo 5 de septiembre, con la entrada del nuevo Poder Judicial y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, este caso será una “prueba de fuego” para demostrar si habrá un cambio real en la impartición de justicia.

“El eje número uno del plan de desarrollo de nuestra gobernadora es cero corrupción. Si no hay justicia en el robo de 32 millones, se estaría confirmando la continuidad de un sistema protector de intereses políticos y no de la ciudadanía”, sentenció.

#Edomex #Justicia #Corrupción #Fiscalía #Tribunal #Ecatepec #Política #Impunidad #32Millones

#EstadoDeMéxico #LXIILegislaturaEdomex

miércoles, 27 de agosto de 2025

“Hackeo” millonario: Tribunal de Justicia Administrativa oculta la verdad sobre 32 mdp

 



Redacción | Agencia MANL .

Toluca, Estado de México.- Lo que el magistrado Gerardo Becker Ania presentó como un "hackeo" ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México no fue más que un robo a un banco autorizado que desaparecieron 32 millones de pesos, sin que nadie rindiera cuentas. El diputado Octavio Martínez Vargas, subsecretario de la Comisión de Procuraduría y Administración de Justicia, denunció que esta versión es un intento de encubrir el robo y evidenció demoras, omisiones y falsedades en la investigación.


"El magistrado ocultó un robo al llamarlo ciberataque. La dispersión se realizó mediante un token, un mecanismo que solo puede ser ejecutado por la persona con poderes contractuales, lo que demuestra que no hubo hackeo", aseguró Martínez Vargas. Veinte meses después de los hechos, la Fiscalía del Estado no ha rastreado el destino de los recursos ni ha citado a declarar a los responsables.

El legislador criticó que, mientras se condena a personas a prisión por delitos menores, 32 millones de pesos desaparecen sin consecuencias. La reciente detención de Omar N., acusado de abuso de confianza, no aclara quién autorizó la dispersión ni la responsabilidad del magistrado Becker, quien recomendó al administrador vinculado a la operación.



Martínez Vargas advirtió que la impunidad en este caso debilita los esfuerzos del Plan de Desarrollo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuyo primer eje prioriza la lucha contra la corrupción. "Si no se sanciona este millonario robo, habrá cero corrupción en el Estado de México", concluyó, subrayando la gravedad de disfrazar un delito como un supuesto hackeo.


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martes, 26 de agosto de 2025

Diputado Octavio Martínez cuestiona informe del Poder Judicial mexiquense en medio de críticas por prisiones injustas

 






Por el equipo editorial | Agencia MANL


Toluca, México, 26 de agosto de 2025.- El diputado local Octavio Martínez Vargas lanzó un duro cuestionamiento contra el presidente del Poder Judicial del Estado de México, al señalar que no hay resultados positivos que garanticen justicia para la sociedad, y anticipó que no asistirá al informe de trabajo que se realizará este martes 26 de agosto.

El legislador sostuvo que miles de personas permanecen privadas de su libertad como resultado de carpetas de investigación “fabricadas”, lo que evidencia -dijo- una crisis de confianza en el sistema judicial mexicano.



"¿Qué resultados positivos puede ofrecer a la sociedad el actual presidente del Poder Judicial del Estado de México? Obviamente no atenderé el informe de quienes tienen a miles de inocentes en prisión, víctimas de expedientes de investigación falsificados", dijo.

Martínez Vargas agregó que resulta incongruente que el Poder Judicial realice un informe de labores mientras persistan denuncias de irregularidades, corrupción y violaciones al debido proceso.



Al mismo tiempo, el legislador destacó como un hecho positivo el relevo de 91 jueces en la entidad, quienes asumirán funciones a partir del próximo 1 de septiembre. Según él, esta renovación representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de justicia más transparente y cercano a la ciudadanía.

Cabe destacar que el Poder Judicial del Estado de México enfrenta actualmente críticas por parte de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes han denunciado irregularidades en los procesos penales y deficiencias en la impartición de justicia.

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Presunto desvío millonario en el TRIJAEM habría ocurrido durante gestión de Raúl Santos Valdez y Gerardo Becker Anía

 



Por Redacción | Agencia MANL


Toluca, Méx., 26 de agosto de 2025.– Presuntamente, un desvío por más de 32 millones de pesos en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) habría ocurrido durante la gestión de Raúl Santos Valdez como director de Administración y Gerardo Becker Anía como presidente del Tribunal.


De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Omar “N”, ex Jefe de Departamento de Servicios Financieros del TRIJAEM, habría utilizado un token de seguridad para realizar 29 transferencias electrónicas sin autorización ni justificación legal, por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos. Estas operaciones habrían afectado la capacidad del Tribunal para cumplir con sus obligaciones legales y administrativas, generando un perjuicio patrimonial significativo.


La FGJEM informó que Omar “N” fue detenido recientemente en Toluca y puesto a disposición de la autoridad judicial, donde permanece bajo investigación. La Fiscalía aclaró que el detenido debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia condenatoria.


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